La Vega: defensa ante Defensa

La fábrica de La Vega, cerrada desde 2012. / ALEX PIÑA

«El encuentro entre el regidor y la titular del ministerio es una de las citas políticas que más interés suscitará en todo este mandato»

LEOPOLDO TOLIVAR

La recuperación para la ciudad del gran espacio, hoy cerrado e improductivo, de la antigua fábrica de armas de La Vega, es una de las más legítimas aspiraciones que puede tener el pueblo de Oviedo a poco que conozcamos la historia. En ello están el alcalde y una amplia mayoría municipal a la que no se ha sumado el Partido Popular, aunque quiero creer que más por las dificultades del asunto que por alinearse ciegamente con el Ministerio de Defensa, de cuya intención final tampoco es que sepamos mucho, más allá de que pretende obtener algún beneficio patrimonial.

El encuentro entre el regidor y la titular del departamento es, sin duda, una de las citas políticas que más interés suscitará en todo este mandato. Aunque ya se sabe cómo reza el dicho taurino: 'Corrida de expectación, corrida de decepción'. Habrá que confiar en que no sea así y que el interés general -al que luego aludiré-, que en este caso coincide con el vecinal, prime sobre cualquier pretensión especulativa.

Ese diálogo entre administraciones es muy importante. Ya sabemos que Oviedo puede esgrimir derechos históricos sobre la centenaria fábrica. Pero tampoco ignora nadie que nuestros tribunales y órganos consultivos, acogiéndose al principio de seguridad jurídica (en detrimento, incluso, del de legalidad), a la confianza legítima y a la imprecisa expresión legal de 'por el tiempo transcurrido', son manifiestamente reacios a revisar o devolver lo que consideran consolidado por los años. Ahí tenemos, en otro orden de cosas, la inconstitucionalidad sin efectos retroactivos de la amnistía fiscal o, como ocurrió en Galicia hace algún tiempo, el no revocar el nombramiento de una funcionaria local que había ganado la oposición sin la titulación exigida.

Por tanto, me temo que la historia, incluso reflejada en la Literatura, de los talleres y capilla de La Vega, no va a ser criterio determinante ante un ministerio que se sabrá protegido por la interpretación jurídica al uso, deslegitimadora de eventuales retrocesiones o reversiones.

Pero eso no significa -y el concejal de Urbanismo ya lo dio a entender-, que el municipio, como la Comunidad Autónoma, no tenga armas disuasorias de protección o planificación que inviten a Defensa a negociar con criterios sociales y no solo patrimoniales, por más que las administraciones no puedan actuar con una liberalidad contraria a los intereses públicos, que también son económicos.

De forma muy resumida y rudimentaria, por lo que pido excusas a los expertos que me lean, recuerdo que, entre las bazas con las que cuenta don Wenceslao López, está la potestad planificadora del municipio (artículo 4 de la Ley básica de Régimen Local), en virtud de la cual, como es conocido desde antiguo, los cambios en la calificación del suelo no dan lugar a indemnización. Aunque se pase de una expectativa constructiva generosa a una negación del 'ius aedificandi', y al margen de los mecanismos de equidistribución. Lo podemos leer, por ejemplo, en el artículo 48 a) del Texto Refundido estatal de Suelo y Rehabilitación Urbana, de 30 de octubre de 2015: «Las situaciones de fuera de ordenación producidas por los cambios en la ordenación territorial o urbanística no serán indemnizables...».

Bien es cierto que, por la supremacía del interés nacional sobre el local, la legislación preconstitucional del suelo, aún de aplicación supletoria, ha venido otorgando al Estado, a través del Consejo de Ministros, desde dispensas de licencias hasta la imposición, de no haber acuerdo, de cambios en el planeamiento. Recuérdese el artículo 180.2 del Texto Refundido de 9 de abril de 1976: «Cuando razones de urgencia o excepcional interés público lo exijan, el ministro competente por razón de la materia podrá acordar la remisión al Ayuntamiento correspondiente del proyecto de que se trate, para que en el plazo de un mes notifique la conformidad o disconformidad del mismo con el planeamiento urbanístico en vigor. En caso de disconformidad, el expediente se remitirá por el departamento interesado al ministro de la Vivienda, quien lo elevará al Consejo de Ministros (...) que decidirá si procede ejecutar el proyecto, y en este caso ordenará la iniciación del procedimiento de modificación o revisión del planeamiento...».

Tras una copiosa jurisprudencia, ordinaria y constitucional, muy resumidamente señalaré que, actualmente, son las normas sectoriales (carreteras estatales, sector ferroviario, portuario o aeroportuario, entre otras), las que regulan esta preeminencia del interés nacional sobre el local. Pero claro, eso no significa que tal privilegio pueda ejercitarse sin causa suficiente y motivada. Incluso, en materia de planeamiento, alguien puede tener la tentación, en el caso de La Vega, de invocar la disposición adicional segunda de la Ley de Suelo estatal de 2015, conforme al cual «los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, cualquiera que sea su clase y denominación, que incidan sobre terrenos, edificaciones e instalaciones, incluidas sus zonas de protección, afectos a la Defensa Nacional deberán ser sometidos (...) a informe vinculante de la Administración General del Estado con carácter previo a su aprobación». Es evidente que nuestra querida fábrica de armas ya no está afecta a la Defensa Nacional ni a los «fines y usos» de las Fuerzas Armadas, como añade el mismo precepto. Pero lo apunto por si acaso, ya que, de tanto pelear con el tema (Oviedo no es un caso aislado), quienes más saben de este asunto son los abogados del Estado. Y la señora ministra, lo es.

Fotos

Vídeos