El Ayuntamiento de Oviedo encomienda un nuevo expediente de Villa Magdalena a la misma instructora

El palacete de Villa Magdalena, aún andamiado.
El palacete de Villa Magdalena, aún andamiado. / ALEX PIÑA

El nuevo informe de la Fundación Universidad dice que el PP admitió en su día que no consignó el justiprecio de forma consciente

GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO.

«Tenemos serias y fundadas razones para creer que ha habido unos daños a las arcas municipales por más de 45 millones de euros y por eso hemos decidido iniciar un nuevo expediente». El equipo de gobierno compareció ayer unido para anunciar la apertura de un nuevo expediente de responsabilidad patrimonial por la expropiación de Villa Magdalena. Nuevo, porque el anterior, iniciado en mayo a iniciativa del alcalde, fue declarado ayer caducado Y no tan nuevo porque los señalados como posibles responsables son los mismos (el exalcalde y hoy delegado del Gobierno, Gabino de Lorenzo; el portavoz municipal del PP, Agustín Iglesias Caunedo; y los exconcejales Jaime Reinares, José Agustín Cuervas-Mons, Alicia Castro Masaveu y Alberto Mortera), el daño que se les reclama es el mismo y también lo será la instructora, la funcionaria Mercedes Díaz Amodia, que ya propuso el archivo del primer expediente.

¿Qué cambia? Al legajo, se le ha añadido un informe contratado por el Grupo Municipal Socialista a la Fundación Universidad de Oviedo (FUO), en el que se concluye que existe base para incoar un nuevo expediente por este caso. Pero no solo. El dictamen, al que ha tenido acceso este diario, desmonta los argumentos que empleó la instructora para proponer el archivo e, incluso, se permite alguna pequeña venganza contra las apreciaciones de esta al primer informe de la FUO.

Díaz Amodia propuso el archivo en base a una única y sorprendente consideración: que lo que se le pedía investigar no era una responsabilidad patrimonial frente al Ayuntamiento sino «una subespecie o subclase denominada responsabilidad contable» y que sobre esta ya se había pronunciado en contra en dos ocasiones el Tribunal de Cuentas, un órgano «tan especializado, que no solo está formado por los propios consejeros, sino que cuenta con numerosos órganos de apoyo como el interventor o el gabinete técnico».

El procedimiento señala a De Lorenzo, Caunedo, Mortera, Reinares, Castro y Cuervas-Mons

El juego de las diferencias

El nuevo informe empieza por ahí, por señalar que «resulta sorprendente para cualquiera» que se entienda cerrado por dos resoluciones de 2011 y 2012 un caso cuyo «daño sólo ha quedado establecido» en noviembre del año pasado, cuando el Supremo cerró definitivamente el precio e intereses de la expropiación en casi 63 millones de euros. Abunda, además, en que ni siquiera ambas resoluciones se pronunciaron sobre el fondo del asunto y luego hace el 'juego de las diferencias' a la instructora. Lo hace insistiendo en marcar las que existen entre responsabilidad contable (incumplir las normas que regulan el gasto público), que se regula en la Ley del Tribunal de Cuentas, y responsabilidad contable, surgida en este caso por incumplir la Ley de Expropiación Forzosa y regulada en la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Cosas distintas, y al margen de que «el órgano que las dictó sea más o menos especializado o esté dotado de más o menos órganos de apoyo», cierra parafraseando a aquella con una pulla.

¿Autoinculpados?

Vale, lo que hay que buscar es si hay responsabilidad patrimonial o indicios de ella. ¿La hay? El dictamen concluye que sí, que hay un hecho objetivo (la falta de consignación del justiprecio, que dio derecho a la retasación) y que en ese hecho hay indicios de culpa o negligencia grave y que, además, parte de los investigados ya lo han admitido.

Los hechos son conocidos. La junta de gobierno aprobó en noviembre de 1998 consignar el justiprecio del palacete (11,2 millones), pero no lo hizo, pese a que un informe de Gestión Económica instaba a hacerlo a través de un crédito extraordinario. Dos años después ya daba igual, la expropiada, de acuerdo con la Ley de Expropiación, tenía derecho a una nueva tasación. La pidió cuando más le interesó: en 2007 y el precio se elevó a 43 millones, más otros 20 de intereses de demora.

Lo mejor «es que está acreditado, por haberlo reconocido así los propios responsables políticos, que se adoptó conscientemente la decisión de no consignar el justiprecio», reza el dictamen. Lo hace basándose en en las diligencias que abrió el PP sobre el mismo asunto en 2010 y que instruyó la concejala Belén Fernández Acevedo y en las que los populares reconocieron que no se consignó para hacer «inversiones que implicaron un beneficio inmediato». Uno que ha salido caro.

Son las principales novedades. A partir de aquí el proceso se repite. La instructora deberá poner a disposición de los señalados la documentación y notificarles la apertura del trámite y concederles un plazo de quince días para alegaciones y luego habrá una propuesta de resolución, que el equipo de gobierno confía sea distinta de la anterior.

La vicealcaldesa, Ana Taboada, subrayó ayer que «esta actuación absolutamente negligente e irregular merece una respuesta de un equipo de gobierno responsable. Somos Oviedo está aquí para defender los intereses públicos. Queremos que se investigue quién dio la orden de no consignar y por qué». «Este es un punto que nos une a los tres grupos del equipo de gobierno. Creo que no hay ningún ciudadano en Oviedo que piense que no hay responsables en el caso de Villa Magdalena», cerró el concejal de IU, Iván Álvarez.

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