ACABAN de cumplirse dos años de la formación del 'tripartito' que gobierna la Generalitat catalana y dentro de cuatro meses la legislatura estatal llegará a su ecuador. Y esta inflexión simbólica, que en teoría marca una divisoria a partir de la cual las miradas ya se vuelven inexorablemente hacia las elecciones futuras, se ubicará en un año, el de 2006, que transcurrirá excepcionalmente, en principio y salvo adelantos, sin consulta electoral alguna.

El año que ahora empieza sitúa al Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero pugnando por remontar en las encuestas que parecen haberle vuelto la espalda tras una etapa dulce a su llegada al poder. Pero la apertura del proceso de reforma del Estatuto de Cataluña precedido de proclamas de soberanismo desde el propio socialismo catalán y sus socios de ERC le llevaron a un terreno donde ha ofrecido la impresión de conducirse con inseguridad proyectando incertidumbre en un tema tan delicado como el modelo de estado y la integridad constitucional. El problema vasco, innegablemente vinculado al proceso catalán, permanece de momento estancado y ninguno de los esperanzadores presagios que ha sugerido el presidente del Gobierno parece tomar cuerpo. Más bien se acentúa la sensación de que es altamente ingenuo pretender que ETA claudique sin contrapartidas antes de haber sido derrotada.

Evidentemente, la suerte futura y las expectativas electorales del Gobierno -y también de las fuerzas de oposición- dependerá sobre todo del desenlace del debate territorial en sus dos principales vertientes, la relativa a las tres comunidades históricas y la que hace referencia a la armonía del conjunto.

Todos estos elementos irán decantando y amasándose en el año que va a comenzar, sin duda decisivo para que este país salga con bien de la confusión reinante y siga arañando metas cada vez más ambiciosas.