La Autoridad Portuaria de Gijón ha emprendido la preceptiva ronda de consultas con los sindicatos con vistas a «externalizar» los servicios de ferrocarril y grúas, tal como adelantó en su día EL COMERCIO.

Tras una reunión con el Comité de Empresa celebrada el pasado día 30, los plazos ya han empezado a contar y está prevista una nueva cita para el próximo día 12. Si no hay acuerdo, como parece más que probable, los responsables de El Musel estarán en condiciones de plantear su objetivo a la Comisión Mixta de interpretación del convenio a partir del día 14 de enero. Los pliegos de bases para buscar un adjudicatario ya están redactados y la legislación vigente propicia la concurrencia de la iniciativa privada.

La Autoridad Portuaria argumenta, tanto en el caso del ferrocarril como de las grúas, que la gestión propia ocasiona abundantes pérdidas y, además, tiene que pagar jornadas extraordinarias o efectuar contrataciones complementarias en departamentos con fines que le son más propios.

En el caso del ferrocarril, el estudio económico realizado por la Autoridad Portuaria se refiere al último lustro, es decir, de 2001 a 2005, ambos años inclusive. En dicho periodo, siempre según los datos oficiales del propio puerto, la diferencia entre gastos e ingresos supera los cuatro millones de euros, con déficit especialmente abultado en 2003, más de un millón de euros.

La liberalización de las vías férreas a escala estatal, que da pie a la competencia de distintos operadores, anima también, según el argumento empresarial, a efectuar el cambio, ya que «si la prestación de estos servicios se encomienda a una empresa ferroviaria, la Autoridad Portuaria tendrá la posibilidad de ofrecer a la comunidad portuaria una serie de servicios de transporte que sólo pueden ofrecer estas empresas, extendiendo su 'hinterland'» (ámbito territorial de influencia).

Actualmente, Renfe sitúa a las puertas de El Musel los convoyes con sus propias máquinas y los trabajadores del servicio ferroviario, con locomotoras del puerto, llevan la mercancía hasta los muelles, o viceversa.

En teoría, la Autoridad Portuaria podría cobrar el servicio prestado, pero como el cambio de máquina incordia más que beneficia al operador ferroviario, los responsables de El Musel renunciaron a presentar factura alguna, so pena de perjudicar la competitividad del puerto. En esas condiciones, resulta obvio que un servicio que no produce ingresos y sí gastos provoca un déficit crónico.

Sin ingresos

Según los números de la Autoridad Portuaria de Gijón, el servicio de ferrocarril ingresó durante todo 2005 la cantidad de 1.702 euros, de un solo cliente, Talleres Alegría, mientras que en 2001 ingresó un total de 345.522 euros, procedentes de ocho clientes.

La conclusión transmitida al Comité de Empresa es que «no parece adecuado dedicar 16 trabajadores a un servicio que no presenta un balance equilibrado» y, además, «no tiene sentido que las autoridades portuarias destinen esfuerzos y recursos económicos para el desarrollo de actividades que no forman parte de su núcleo neurálgico de actividad y que, por tanto, no tienen nada que ver con su propia razón de ser».

La Autoridad Portuaria descarta la alternativa imaginable de completar el transporte para hacerlo rentable, es decir, convertirse en operador ferroviario más allá de los límites del puerto, porque «las Autoridades Portuarias no pueden prestar de forma directa servicios de transporte, ya que, en primer lugar, no son sociedades anónimas».

Conforme a lo ya publicado por EL COMERCIO, los responsables de El Musel no plantean una reconversión traumática de la plantilla, sino el mantenimiento de tres de los 16 trabajadores como controladores de las contratas de ferrocarril, y el paso de los otros 13 al departamento de Policía Portuaria.

En ese sentido, argumenta la necesidad en que, durante 2005, «se han abonado 45.000 euros por la realización de jornadas extras a los miembros del servicio de Policía Portuaria, asimismo ha sido necesario contratar servicios auxiliares para el citado cuerpo cuyo coste anual asciende a 85.000 euros».

En todo caso, el estudio de la Autoridad Portuaria asegura que dicho organismo «debe mantener bajo su control el desarrollo de la prestación de estos servicios -los ferroviarios- por las ventajas competitivas que conlleva en relación con al resto de puertos de interés general» y debe ejercer una «función de tutela», definiendo para ello, en el proceso de contratación que se apruebe, «los niveles de calidad que se desean y los requisitos que se exigirán a sus prestadores». Consiguientemente, concluye el estudio, «la externalización de este servicio no implica su privatización, ya que la planificación, control y evaluación permanecerán bajo la tutela de la Autoridad Portuaria».

El borrador del pliego de bases que podría regir la contratación del servicio ferroviario de El Musel incluye una estimación del precio mínimo a pagar por las tres locomotoras operativas que lo cifra en 507.483,99 euros.