TRAS cuatro meses de andadura, la opa lanzada en setiembre por Gas Natural sobre la eléctrica Endesa ha llegado al máximo órgano que entiende en la materia: el Tribunal para la Defensa de la Competencia (TDC), que se ha declarado en contra por una amplia mayoría. La reacción del Gobierno no se ha hecho esperar y varios de sus miembros han expresado su disgusto, minimizan la importancia de la decisión del Tribunal y recalcan que su dictamen no es vinculante, lo que induce a pensar que el Gabinete aprobará la adquisición hostil.

Aprobar la operación sin prestar atención al TDC sería una de las decisiones más comprometidas y, seguramente, una de las más erróneas que este Gobierno podría tomar en el campo de la economía, y de la política. Ni para los propios accionistas ni para los consumidores ni para la economía en su conjunto, están claras las ventajas de esta adquisición hostil. A pesar de que la concentración en un sector no implica necesariamente la pérdida de competencia en él, las características propias del negocio eléctrico y gasístico -su estructura en forma de red- y las dificultades de entrada a nuevos competidores apuntalan los temores del Tribunal sobre un posible monopolio. Y los argumentos del tamaño y las economías de escala que se podrían ganar con la 'fusión' son fácilmente contestables a la vista de la trayectoria de éxitos internacionales de la empresa eléctrica ahora 'opada'.

Es, sin embargo, en el terreno de lo político e institucional donde el daño puede ser mayor. La coincidencia de todas las manifestaciones a favor de la opa por parte del Gobierno y de sus socios parlamentarios pone de manifiesto el origen político de una operación que trata de transferir una gran empresa desde el ámbito privado al control de un órgano bancario híbrido y con una fuerte influencia política de signo nacionalista. Y si de algo sabe este país es de las malas consecuencias de las bancas 'nacionales' con vocación industrial.

Tratar de comparar los dictámenes del TDC con los de las comisiones reguladoras sectoriales es desconocer que éste no se ocupa sólo de las empresas sino de todos los consumidores, es decir, de todos los ciudadanos. Instituciones como nuestro TDC son pilares básicos del sistema y es imprescindible que su reputación permanezca intacta. Cualquier Gobierno responsable debería saberlo y abstenerse de jugar con ello.