La presencia de dos partidos políticos distintos en el Gobierno asturiano por primera vez en la historia de la comunidad autónoma no se ha traducido en inestabilidad del Ejecutivo, sino todo lo contrario: se ha convertido ya en el de mayor duración que haya habido nunca en el Principado, con dos años y medio de funcionamiento con los mismos componentes. El gabinete más longevo hasta ahora era el constituido por Pedro de Silva en su segundo mandato, nombrado el 28 de julio de 1987 y mantenido sin cambios hasta el 9 de enero de 1990, cuando Felipe Fernández reemplazó a Emilio Murcia en Urbanismo y Jorge Fernández Bustillo a Manuel Fernández de la Cera, en Educación. En total, dos años, cinco meses y doce días.

En todos los mandatos desde las primeras elecciones autonómicas, celebradas en 1983, sus presidentes han llevado a cabo al menos dos crisis parciales de gobierno, salvo en el caso del perido 1991-1995, cuando sólo hubo un cambio, pero el de más relevancia de estos 23 años, ya que afectó incluso al presidente, con la sustitución de Juan Luis Rodríguez Vigil por Antonio Trevín -además de cinco consejeros-, prácticamente en el ecuador de la legislatura.

El mismo Vicente Álvarez Areces, actual presidente del Principado, efectuó cuatro relevos en su primer mandato, en el que disponía de una cómoda mayoría absoluta que, a priori, es una de las mejores garantías de estabilidad para un gobierno. El Ejecutivo formado en julio de 1999 duró poco más de un año, hasta que en agosto de 2000 dimitió la consejera de Economía, Elena Carantoña, a la que reemplazó Jaime Rabanal. Unos meses después, en noviembre, Jesús Urrutia sucedía al frente de Industria a Javier Fernández, al ser elegido éste secretario general de la FSA. Y en octubre de 2001 entró en el Gobierno Graciano Torre, en la Consejería de Trabajo, mientras que su predecesora, Angelina Álvarez, reemplazaba a Luis Iturrioz en la de Administraciones Públicas.

En las elecciones de 2003, el PSOE perdió la mayoría absoluta, quedándose con 22 de los 45 escaños de la Junta General. Los socialistas buscaron la estabilidad parlamentaria mediante un pacto con Izquierda Unida-Bloque por Asturies, cuya primera consecuencia fue la entrada en el Ejecutivo, por primera vez, de dos miembros de IU: Laura González, en la Consejería de Vivienda y Bienestar Social, y Francisco Javier García Valledor, al frente de la de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.

Desde ese momento, las discrepancias y hasta los encontronazos públicos entre dirigentes de ambas formaciones coaligadas han sido casi continuos, y en diversas ocasiones la sombra de la ruptura planeó sobre el Gabinete de la izquierda plural. Valledor protagonizó duros cruces de palabras con alguno de sus compañeros de Gobierno pertenecientes al PSOE. A José Luis Iglesias Riopedre, por ejemplo, llegó a acusarle de cometer «una cacicada» con el nombramiento de un director de instituto.

Los momentos de mayor tensión, sin embargo, no se produjeron en el seno del Consejo de Gobierno, sino ya en la Junta General. Uno de ellos tuvo lugar el pasado mes de marzo, a raíz de la presentación en la Cámara, por parte de IU, de una proposición que anulaba una decisión del Ejecutivo, la convocatoria de una oposición para proveer 51 plazas de veterinarios. El PP anunció que sumaría sus votos a los de la coalición, con lo que habrían superado conjuntamente a los socialistas. Estos intentaron convencer a sus socios de que retirasen su iniciativa, pero no lo consiguieron hasta ya iniciado el pleno y escasos minutos antes de la votación, después de tensas reuniones y carreras por los pasillos de la Junta.

Izquierda Unida, por su parte, llegó a amenazar con la ruptura con motivo de los contenidos de la Ley del Salario Social Básico. El proyecto aprobado por el Gobierno regional establecía un límite presupuestario para esta prestación, de modo que un aspirante a percibirla podría quedarse sin ella, pese a cumplir los requisitos, si en un año concreto se hubiese superado ya la cantidad consignada. Al final el PSOE accedió a retirar ese límite y el pacto de gobierno sigue su curso.