Era un ejemplo de la nueva «tolerancia cero» contra los desmanes de 'la movida', pero el argumento se complica. Rosal 52, propietaria de un conocido local de copas y ocio de la calle del mismo nombre, ha recurrido ante el Contencioso el pago de dos sanciones que le impuso el Ayuntamiento y que suman un total de más de 48.000 euros.

Los hechos se remontan a varios meses atrás. La presión de varios colectivos vecinales contra la movida, la nueva normativa de espectáculos y las nuevas tareas de la Brigada de Información Judicial tras el cese de Agustín de Luis, se aliaron para que la Policía Local inspeccionase el año pasado 125 establecimientos hosteleros.

En el curso de una inspección en el citado local de la calle del Rosal, los agentes comprobaron que delante de la salida de emergencia había varias mesas colocadas. Además, si se lograba franquear la puerta bloqueada, aquélla «era un pasillo largo y muy estrecho copado por cajas de bebidas», según fuentes de Seguridad Ciudadana. Tras desestimar el recurso de los propietarios, el Ayuntamiento confirmó en agosto una sanción ejemplar: 33.055 euros por el incumplimiento de las normas de seguridad y salubridad -ruidos- en el local. Con unas semanas de diferencia, el Ayuntamiento también sancionó al local por vender bebidas alcohólicas a menores de edad. Por este motivo el año pasado, la Policía Local levantó diez sanciones que envió al Ayuntamiento y a la Fiscalía de Menores. La Administración local impuso 15.025 euros de multa.

Los propietarios del establecimiento solicitan ahora al juzgado que suspenda cautelarmente el pago de las multas ya que éste «abocaría a la quiebra y cierre del negocio». Afirman, además, que no se han admitido pruebas decisivas sobre los hechos.