El teniente de alcalde del Ayuntamiento de Colunga, Omar García Montoto, reconocía ayer que «puede existir un error» en el acta del Pleno celebrado el pasado 22 de diciembre. Una sesión en la que se aprobó con mayoría simple iniciar el expediente de alteración de la naturaleza jurídica de las parcelas que componen la rasa de Luces que, en la actualidad, están calificadas como suelo comunal. El equipo de gobierno tiene intención de desafectar estos terrenos y registrarlos como suelo patrimonial, lo que permitiría a promotores interesados adquirir estas fincas para la creación de un campo de golf.

Los vecinos de Luces, Lue y Sales, que aseguran que tienen derechos sobre estos terrenos, advirtieron de que, según la ley de régimen local, «cualquier alteración de la calificación jurídica de bienes comunales requiere el voto favorable de la mayoría absoluta de la Corporación». Por lo tanto, aseguran, «existe un error».

El teniente de alcalde reconoció que «cabe la posibilidad de que los vecinos tengan razón», aunque explicó que no puede consultarlo hasta el lunes ya que el secretario del Ayuntamiento se encuentra de vacaciones.

En cualquier caso, el equipo de gobierno está dispuesto a buscar consenso con los diferentes partidos políticos y con los vecinos afectados para llegar a un acuerdo que permita hacer uso de estos terrenos. No obstante, recordó el teniente de alcalde, «los vecinos no disponen hasta el momento de un portavoz oficial ni de un ente jurídico propio y, hasta ahora, la representación oficial de los vecinos la ostenta el Ayuntamiento exclusivamente», indicó.

En la sesión plenaria celebrada en diciembre, este punto del día contó con el apoyo de cinco ediles (cuatro del PSOE y uno del CDS); la abstención de tres concejales (dos del PP y uno del CDS) y el voto en contra de IU.

El portavoz del PP, Daniel Gancedo, mantiene la necesidad de dialogar con los vecinos, que ya han aportado documentación que acredita que tienen derechos históricos sobre estas fincas. Los vecinos están recogiendo firmas entre las familias afectadas para poner freno a los intereses del equipo de gobierno y han puesto su caso en manos de un abogado.