EL Gobierno ha llegado a un acuerdo con los partidos catalanistas (hay más partidos en Cataluña, pero no están en la negociación) sobre el reparto de competencias. A la mayor parte de los militantes socialistas, y a la gente bien pensante que aún queda, esta noticia le producirá satisfacción, porque supone que la negociación avanza y pronto habrá un acuerdo global sobre el nuevo 'Estatut'. Todos los que ven con benevolencia el proceso tienen la esperanza de llegar a un acuerdo rápido para luego dedicarse a pensar en otras cosas. Es una idea que repite con insistencia Zapatero: seis meses más tarde de la aprobación, nadie se acordará del 'Estatut'. La realidad es muy otra, ya que el contenido del Estatut marcará la estabilidad o la ruina del sistema autonómico. Las concesiones a Cataluña, a costa del Estado, pueden crear tales desigualdades que el conflicto territorial sea el tema estrella en la futura agenda política española.

Por lo que trasciende de la negociación, el nuevo texto avanza a golpe de concesiones del Gobierno. A día de hoy, Cataluña ya ha adquirido rango de nación en el preámbulo del 'Estatut', y ahora se ha llegado a un reparto de competencias que limita la capacidad normativa del Estado para crear una legislación básica que sirva para homogeneizar las normas en todo el territorio nacional. El Gobierno sólo podrá dictar vaporosos principios generales, y luego cada territorio establecerá derechos y obligaciones. Lo acaba de decir Joan Herrera: «El Estado dejará de meter las narices en las competencias compartidas». Todo un ejemplo de cómo entienden los catalanistas el término «compartir». Si hasta ahora los nacionalistas hacían lo que querían con la educación, cabe imaginar cualquier atropello en el futuro.

Aunque la negociación se centró en las competencias, los portavoces del cuatripartito advirtieron al Gobierno de que quieren ver a Cataluña definida como nación en el artículo primero. La postura de los catalanistas está cargada de lógica: si en La Moncloa todos los 'barones' socialistas aceptaron dar categoría de nación a Cataluña en el preámbulo del 'Estatut', no hay razones de peso para evitar la fórmula unas líneas más abajo. La incoherencia sería del Gobierno.