CONCLUIDA la polémica sobre la regularización de inmigrantes y sus efectos sociales y laborales, la realidad incontestable que ofrece el último padrón es que del casi millón de habitantes que en 2004 ganó España, 700.000 fueron extranjeros y el resto, 214.000, nacionales de origen. De esas y otras de las cifras de empadronamiento a 1 de enero de 2005 ofrecidas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se deducen diversas interpretaciones y conclusiones, pero sobresale por encima de todas el hecho de que se puede dar por conjurado el riesgo que hace pocos años ofrecía un saldo casi negativo de nuestro crecimiento vegetativo.

Esa evolución demográfica positiva ha sido posible, dada la baja tasa de natalidad de nuestro país, por la incorporación masiva de extranjeros que ya suman oficialmente más de 3,7 millones, equivalentes al 8,5% de la población, porcentaje que en algunas localidades se acerca o supera el 15%. Son datos que corresponden casi exclusivamente a la inmigración laboral y de origen extracomunitario. Lo cierto es que a la luz del padrón del INE y del balance del proceso de regularización controlado por Trabajo y Asuntos Sociales, puede determinarse que los inmigrantes representan una fuerza laboral adecuada a la demanda. Esto último se aprecia en las 613.804 altas de extranjeros en la Seguridad Social en virtud de aquel proceso, un buen resultado que, no obstante, convive con el cálculo oficial de que perdura una bolsa de 'sin papeles' de un millón de personas.

Junto a los efectos demográficos y económicos hay otros tanto o más importantes como los sociales y culturales. Posiblemente con el nuevo siglo España inicie una etapa de cierto mestizaje, si no de sangre al menos de costumbres e incluso de valores. Este es un reto difícil de superar para extranjeros y nacionales y a su preparación no puede ser ajeno el Estado del Bienestar. La nueva realidad demográfica obliga a atender a tres prioridades de los casi 45 millones de habitantes. Primera, establecer pautas de convivencia e integración. Segunda, fijar unas políticas educativas rigurosas e idóneas. Y, por último, diseñar, como parece que se empieza a hacer, una cobertura asistencial para las crecientes tercera y cuarta edad.