La red de inmigración ilegal desarticulada por la Brigada de Extranjería de la Comisaría de Gijón que se dedicaba a introducir en España a decenas de extranjeros desde 2004 cobraba un mínimo de 6.000 euros por persona, según pudo confirmar EL COMERCIO. Para ello utilizaban como tapadera una empresa constructora, Cimalga, cuyo domicilio social está en la calle de Ezcurdia, pero que nunca estuvo operativa, según fuentes de la investigación y los empresarios del sector consultados.