CERCA de mil congresistas procedentes de las distintas administraciones públicas y del sector privado participaron el jueves y viernes pasado en unas jornadas técnicas, en las que, bajo el lema 'Abrimos 24 horas', se abordaron aspectos relativos al estado de la administración electrónica desde una visión de la Administración central, autonómica y local.

No es casual que haya sido Gijón la sede de este encuentro, sino que es fruto del reconocimiento al esfuerzo que realiza nuestro Ayuntamiento por acercar la administración a los vecinos y hacerla más eficiente. Los cambios progresivos realizados en las estructuras organizativas, la apuesta por un modelo de gestión funcional y territorialmente descentralizado y la incorporación de las nuevas tecnologías han constituido los ejes que han sustentado el proceso continuo de modernización administrativa iniciado ya desde los primeros gobiernos democráticos, y potenciado especialmente desde los años noventa.

El camino recorrido a lo largo de estos años no ha resultado fácil. Como todos los ayuntamientos, hemos tenido que enfrentarnos a muchas dificultades: la demanda creciente de servicios, las limitaciones del marco legal competencial y organizativo, la insuficiencia financiera, la herencia de una Administración burocrática e ineficiente, etcétera. Sin embargo, no nos hemos resignado y hemos sabido comprender que no podíamos esperar a que se produjeran los cambios legales necesarios para actuar como un auténtico gobierno local, buscando dar respuesta a las necesidades de nuestra ciudad y de sus vecinos. Y porque hemos actuado así, sabemos mejor que otros el porqué y el para qué es necesario modificar las actuales leyes que regulan la organización y la financiación local.

Sabemos que es preciso reforzar el gobierno local y dotarlo de los instrumentos y recursos que le permitan afrontar los retos que se les presentan a las ciudades. Hay que clarificar e incrementar las competencias, modificar el régimen organizativo y mejorar el sistema de financiación. Son muchos los años que llevamos reivindicando estas cuestiones, como ayuntamiento y a través de la Federación Española de Municipios y Provincias. Por eso, no puedo menos que sentirme moderadamente optimista ante la aprobación por el Gobierno del anteproyecto de Ley Básica del Gobierno y la Administración Local, después de un proceso participativo que se inició con la publicación en enero del 2005 del Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local.

El reconocimiento de la cláusula general de competencia a favor de los municipios en toda materia que no esté excluida de su competencia o atribuida a otra autoridad supone una mayor autonomía para los poderes locales, al igual que la definición de las competencias exclusivas y de las materias sobre las que otras administraciones han de garantizar la intervención municipal. Desde el punto de vista del régimen organizativo, la nueva regulación de los órganos de gobierno aportará mayor agilidad y transparencia a la gestión y a la acción política, al incrementar los sistemas de control y de participación ciudadana. Otros aspectos, como la reorientación que se da a las diputaciones provinciales, la regulación del Estatuto del Vecino, la cobertura institucional a la participación de los poderes locales en las políticas del Estado a través de la FEMP, etcétera, permiten pensar que esta ley, que sustituirá a la de Bases de Régimen Local de 1985, puede ser la que ofrezca las soluciones a las dificultades antes mencionadas.

No puedo, sin embargo, sentirme plenamente satisfecha mientras los avances mencionados no vayan acompañados de la reforma de la financiación local. Todo el mundo reconoce que las transformaciones urbanas y sociales que se viven en las ciudades han provocado que los gobiernos locales afronten gastos muy importantes en actividades que no son de su competencia, lo que ha conducido al incremento de la presión fiscal local y al endeudamiento. Confio en que las actuales conversaciones que se están llevando a cabo entre la FEMP y el Gobierno se concreten pronto en un proyecto de reforma del actual sistema de financiación local, que actúe como instrumento imprescindible para que el nuevo régimen local que surja de la ley sea realmente eficaz. Dicho sistema de financiación debe buscar la suficiencia financiera de las administraciones locales, considerando de forma especial la precaria situación en que se encuentran los municipios menores de 10.000 habitantes. Debe resolver los problemas de financiación de políticas como la prevención en materia de seguridad ciudadana, servicios de integración y cohesión social, inmigración, prevención para la salud, control del absentismo escolar, mantenimiento de los centros públicos educativos, escuelas infantiles, etcétera. Y debe impedir que las administraciones locales tengamos que asumir nuevas competencias sin que vayan acompañadas de la financiación correspondiente.

Aunque estemos inmersos en un proceso de reforma de los estatutos de autonomía, que debe servir para mejorar nuestro sistema autonómico, considero que es importante que se aborden simultáneamente las reformas del gobierno y la financiación local. El horizonte y el futuro de las competencias y de la financiación de las corporaciones locales tiene que estar presente en el proceso de debate de las reformas de la financiación y de los estatutos de las comunidades autónomas. Sin duda, ello nos permitiría seguir impulsando en mejores condiciones el desarrollo de nuestra ciudad y los esfuerzos de modernización administrativa a los que me he referido al comienzo de este artículo.