EL proyecto de Código Unificado para el Buen Gobierno de las Empresas, ha presentado la pasada semana, es ya un acierto, a la vista de las reacciones que ha provocado. Para unos, aquellos de corte neoliberal, se trata de unas normas intervencionistas inaceptables en una economía que pre- tenda progresar. Para otros es, simplemente, un código inútil que se limita a hacer unas recomendaciones que las empresas incumplirán más fácilmente que la propia ley. Semejantes reacciones sólo indican que el código, que tiene algunas discutibles propuestas, es una buena fórmula para abordar aquellos aspectos que es necesario cambiar para la buena salud general de la economía española.

Las empresas, sobre todo las grandes, deben ser un modelo de funcionamiento para una sociedad que ha optado por la fórmula de economía de mercado como organización económica. Pagar a alguien 17.000 millones de pesetas de indemnización; autofijarse un multimillonario sueldo o blindaje; nombrar consejeros de la compañía a personas que, a cambio de un buen dinero, seguirán siempre las consignas del presidente; tomar continuamente las decisiones en función de intereses propios y no de la mayoría de los accionistas no son actitudes muy ejemplarizantes. Los neoliberales apuestan por la autorregulación, pero olvidan que ese sabio consejo de «te autorregulas o acabarán regulándote» tiene su fecha de caducidad justo en el momento en que los excesos y abusos provocan alarma social y obligan al poder público a intervenir.

Y ha habido en el último lustro demasiados abusos, empezando por el caso Enron y terminando por Parmalat, como para que no actúen los gobiernos de los países más interesados en mantener la economía de mercado como la mejor fórmula de organización económica y empresarial.

Hay que recuperar la ética en la empresa. No se puede hacer fraude de ley ni gamberrismo económico desde unas estructuras llamadas a hacer progresar a un país y a proporcionar tranquilidad a la sociedad como generadoras de recursos y empleo. Podemos discutir si conviene recomendar la inclusión de mujeres en los consejos, aunque ello nos lleve a crear la imagen de la consejera-florero, pero no cabe discutir que los sueldos e indemnizaciones de los grandes ejecutivos no puedan fijárselos ellos mismos. Habrá que crear comisiones de retribución integradas por verdaderos consejeros independientes para poner sentido común y criterios de mercado a lo que ha sido muchas veces un auténtico despropósito, que sólo ha creado indignación y escándalo entre los propios trabajadores, accionistas, clientes y la sociedad, en general.