El Estatuto de Cataluña ya está pactado. La intervención directa de José Luis Rodríguez Zapatero y Artur Mas en la fase definitiva de las conversaciones desbloqueó el sábado por la noche el acuerdo y acabó con meses de intensas reuniones públicas y secretas entre socialistas y nacionalistas. Exultante por zanjar el asunto que más desgaste político le ha causado, el Gobierno dio por hecho que habrá 'Estatut' a pesar de que Esquerra Republicana de Cataluña se desvinculó ayer de lo pactado con CiU.

El texto final no define a Cataluña como nación, aunque sí incluye ese término en el preámbulo para recordar que el Parlamento autonómico así lo considera. No obstante, y a pesar de reconocer el sentimiento de una parte importante de los ciudadanos de ese territorio, el preámbulo recalca que el artículo 2 de la Constitución determina que Cataluña es una nacionalidad, el mismo término que empleaba el Estatuto de 1979 y que seguirá utilizando el futuro texto en el articulado.

La parte que más complicó el consenso fue la financiación de Cataluña. Este fue el aspecto en el que CiU puso más pegas, tal y como ocurrió el pasado setiembre. El acuerdo final fija que el Estado cederá a la Generalitat la recaudación del 50% del IRPF y del IVA y hasta un 58% de los impuestos cedidos.

El acuerdo final llegó a las 23.15 de la noche del sábado tras seis horas de negociación. Mas llegó a las cinco de la tarde al Palacio de la Moncloa en coche -evitó el avión para no ser descubierto en el aeropuerto de la capital- y varias veces estuvo a punto de tirar la toalla por las diferencias en materia de financiación.

Rodríguez Zapatero y él consiguieron desbloquear el acuerdo como ya hicieron el pasado setiembre en la tramitación final del texto en el Parlamento autonómico. La única diferencia con aquella ocasión es que entonces también estuvo presente el jefe del Ejecutivo catalán, Pascual Maragall. Tanto los negociadores nacionalistas como los de su propio partido creyeron conveniente que no asistiera al encuentro para facilitar el pacto final.

Mas y Zapatero estuvieron en permanente contacto con sus respectivos partidos para informarles de cómo avanzaba la negociación. Mientras que el dirigente nacionalista conversaba con sus compañeros de CiU, en la sede del PSOE en Madrid, Alfredo Pérez-Rubalcaba dirigía un gabinete paralelo compuesto por el secretario de Organización, José Blanco; el secretario general del grupo socialista, Diego López Garrido; junto con otros miembros de la Ejecutiva Federal.

Este gabinete conversó con el jefe del Ejecutivo, pero también mantuvo contacto telefónico con el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida; con el primer secretario del PSC, José Montilla; y con otros dirigentes del PSOE, entre ellos el presidente del partido y de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves.

Puesta en escena

La reunión la conocían pocos dirigentes del PSOE y de CiU. El Gobierno comunicó a sus socios de ERC e IU la existencia del encuentro y a su término, pasada la medianoche, informaron a sus respectivos líderes del pacto y de su contenido en términos generales.

Además del contenido «global» de la reforma, Zapatero y Mas convinieron cómo presentarla ante los medios de comunicación. El Gobierno considera que los principales beneficiados del pacto son Maragall y el propio presidente del Gobierno, por lo que concedió a los máximos dirigentes de CiU la presentación del acuerdo en Barcelona a los medios de comunicación.

Esta puesta en escena primó a CiU por delante de los socios de gobierno en Cataluña y en Madrid, lo que no preocupó a Iniciativa per Cataluña-Els Verds, pero sí generó malestar entre las filas republicanas.

Eso fue lo que Josep Lluis Carod-Rovira y Joan Puigcercós comunicaron al presidente del Gobierno en el almuerzo que con él mantuvieron ayer en la Moncloa. Cuatro horas en las que le transmitieron sus reticencias a firmar el acuerdo.

Fuentes de ERC explicaron que, a juicio de la dirección del partido, es «insuficiente» el pacto global alcanzado entre nacionalistas y socialistas, por lo que se negaron a dar por hecho el acuerdo y aseguraron que debatirán esta cuestión en la reunión de su ejecutiva que se celebra hoy.

Sin embargo, tanto el Gobierno como el Partido Socialista se tomaron «con mucha tranquilidad» estos amagos porque «lo decisivo» era llegar a un acuerdo con CiU y «la parte más difícil ya está hecha».

Creen en La Moncloa y también en la calle Ferraz de Madrid que aunque ahora tarden en dar el sí, la de ERC es una «pose» que, entienden, esa formación debe dar ante su electorado para mantener protagonismo en la recta final del proceso.

Puro trámite

Tras almorzar con Carod-Rovira y Puigcercós, Rodríguez Zapatero recibió al dirigente de ICV y consejero de Relaciones Institucionales de la Generalitat Joan Saura, quien no planteó pegas al acuerdo y dio su aprobación a un texto que empezará a debatir el 7 de febrero la ponencia de la Comisión Constitucional en el Congreso de los Diputados.

Con el pacto cerrado, el presidente del Gobierno espera que el paso del texto por esa comisión sea un puro trámite y, aunque invitará al Partido Popular a cambiar de estrategia y votar algunos de los artículos, no espera que se produzca ninguna ruptura entre el 'tripartito' de Cataluña y el PSOE.