En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del Ejecutivo, Ana Rosa Migoya, indicó que la "vía" abierta tras el acuerdo entre la administración y CiU en materia de financiación es "generalizable", pero abogó por "esperar" antes de reclamar su aplicación en comunidades como Asturias.

Para la también consejera de Cultura, el método seguido en la negociación del Estatuto catalán ha sido "profundamente democrático" y "fortalece" a las instituciones una vez que el acuerdo se mantiene "en el marco constitucional", una cuestión de la que, subrayó, "nunca tuvo dudas" el Ejecutivo asturiano.

En este sentido, lamentó el intento de los dirigentes del PP de "amedrentar" a la sociedad sobre las consecuencias de la reforma catalana al recurrir al "discurso del miedo" para oponerse a la aprobación de un texto que resuelve de forma "satisfactoria" tanto la definición de Cataluña como su sistema de financiación.

A su juicio, la fórmula elegida de incluir en el preámbulo del texto la palabra nación para definir a Cataluña permite "recoger un sentimiento de la ciudadanía catalana, pero sin darle rango normativo" al no estar incluido en el articulado.

Para el Gobierno asturiano, este acuerdo supone "un refuerzo del autogobierno" de las comunidades autónomas "dentro de una España plural" y salvaguarda el actual modelo de financiación autonómica que sólo podrá ser reformado en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Según Migoya, los parámetros que se modifican en lo relativo a la financiación de Cataluña suponen incrementar la capacidad de recaudación de la Generalitat e inciden en una línea de actuación que fue practicada por el PP durante su etapa en el Gobierno.

En este sentido, recordó que fue el Ejecutivo de José María Aznar el que elevó del 15 al 30 por ciento la cesión del IRPF a las comunidades autónomas tras una negociación "secreta" con CiU y que dirigentes populares como Eduardo Zaplana reclamaron desde su cargo de presidente del Gobierno de la Comunidad Valenciana el incremento de este porcentaje y la territorialización de otros impuestos.

"Esta actitud demuestra la escasa capacidad de memoria de los dirigentes del PP y la hipocresía con la que han actuado a lo largo de este proceso", subrayó.