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asturias

El Gobierno considera "muy deseable" aprobar la reforma del Estatuto esta legislatura

Agencias

Martes, 24 de enero 2006, 01:00

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El Ejecutivo regional acordó en su reunión de hoy recabar dictamen del Consejo Consultivo del Principado, el órgano superior de consulta de la comunidad autónoma, al que trasladará numerosas cuestiones relativas a los ámbitos que abarcará la reforma.

El dictamen deberá ser remitido al Gobierno ante del 10 de abril y posteriormente el gabinete que preside Vicente Alvarez Areces remitirá una comunicación al Parlamento regional "y a partir de ahí será a las fuerzas políticas a quienes corresponda el protagonismo", según indicó la portavoz del Ejecutivo, Ana Rosa Migoya.

La también consejera de Cultura emplazó al PP de Asturias, que ha anunciado que no participará en este proceso hasta que no se resuelva "el enredo" del Estatuto catalán, a "serenarse" y adoptar la posición "sensata" que le corresponde "como principal y único partido de oposición" en la Cámara autonómica.

En este sentido, lamentó que la actitud del PP en relación con este asunto haya pasado de pedir los "máximos" techos competenciales para el Principado "a no querer sentarse a discutirlo de manera democrática".

Respecto al contenido del texto que se trasladará al Consejo Consultivo, Migoya señaló que se había elaborado "sin discrepancias" en el seno del Ejecutivo de coalición del que forman parte PSOE e IU, que ya han mostrado algunas diferencias respecto al contenido de la futura reforma tanto en la definición de la comunidad autónoma como en el tratamiento que recibirá el bable.

El texto plantea una treintena de cuestiones al Consejo Consultivo, constituido el pasado año y presidido por el ex vicepresidente del Ejecutivo regional Bernardo Fernández, tanto de índole formal como relativas a los contenidos de la reforma.

Así, plantea la constitucionalidad de condicionar por mandatos estatutarios la voluntad estatal sobre la delegación o transferencia de materias de su competencia o la exigencia de que la administración autonómica participe en órganos estatales o en la formulación de planes y programas del Estado que le afecten.

También requiere aclarar los efectos jurídico-constitucionales de definir Asturias como nacionalidad o como región, así como la incidencia sobre la delimitación territorial del Principado del hecho de que los Estatutos de comunidades limítrofes planteen la posibilidad de modificar su territorio.

En lo relativo a la situación del bable, el Gobierno reclama un análisis del alcance jurídico de su regulación estatutaria y de sus desarrollos normativos, así como del grado de protección normativa que se dispensa a las modalidades lingüísticas propias de la zona occidental asturiana.

El Ejecutivo plantea además si la futura modificación estatutaria debe reordenar formalmente el texto dado que ya ha sufrido más reformas y cuestiona la idoneidad de incorporar un preámbulo.

El decreto pregunta también por las vías para ampliar las funciones de las unidades policiales adscritas al Principado y por las posibilidades de eliminar las limitaciones existentes a la hora de disolver anticipadamente la Junta General y convocar elecciones autonómicas, condicionado ahora al calendario nacional.

En este sentido, también interroga al Consejo Consultivo sobre la posibilidad de eliminar la exigencia de que el presidente del Gobierno regional sea diputado y de modificar el sistema de elección del jefe del Ejecutivo en la Junta General ya que hasta ahora sólo se puede votar a favor o abstenerse, pero no en contra.

En cuestiones relativas a las relaciones con el Estado, la Unión Europea y otras comunidades autónomas, el texto plantea si el futuro Estatuto puede reforzar "la exigencia de solidaridad en la concepción y concreción normativa del sistema de financiación autonómica".

Ante la reciente incorporación de las comunidades autónomas para participar en la formación y manifestación de la voluntad del Estado ante la Unión Europea, el Gobierno plantea si resulta necesario reflejar este hecho en el nuevo Estatuto.

Por último, se requiere del Consejo Consultivo que explore las posibilidades constitucionales de hacer "más flexibles" los procedimientos de celebración de convenios con otras comunidades y que aclare la posibilidad de regular algún procedimiento que implique la asunción "automática" de competencias incluidas en los Estatutos de otras comunidades.

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