El equipo de gobierno asumió ayer el informe de los técnicos sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que anuló los presupuestos de 2002 por financiación ilegal al incumplir la Ley del Suelo.

En cumplimiento del fallo, el Ayuntamiento destinará 152.000 euros del remanente de tesorería -el dinero que 'sobró' del año pasado- a comprar parcelas. ¿Cómo llegan los técnicos a esa cantidad, si el TSJA hablaba de un desfase de más de 28 millones? Pues, en primer lugar, la jefa del área de Economía señala en su análisis que los presupuestos «son una mera previsión», por lo que hay que acudir a lo que realmente se hizo ese año.

Según la liquidación de 2002, el Ayuntamiento se financió vendiendo suelo por 36,7 millones, de los que excluye el aparcamiento de Rodríguez Cabezas (2,8). Por el lado de los gastos, el informe señala el pago del crédito de 12 millones para la compra de La Manjoya y otros 11,2 en la adecuación de los terrenos: 5,1 de la descontaminación y 6,1 que gastó Gesuosa en varias operaciones y estudios. Añade además otros 8 millones «en adquisiciones de terrenos» que no detalla. Total, unos 31,4 millones.

Aquí llega el meollo: el cambio de la Ley del Suelo de la estatal -que sólo permite comprar suelo con la venta de terrenos- a la regional, aprobada el 4 de agosto de 2002, que autoriza además la ejecución de dotaciones públicas con ese mismo dinero. La segunda no estaba aprobada cuando el Ayuntamiento aprobó sus presupuestos. Así, el informe añade los campos de Los Castañales, la urbanización de Olloniego y el Palacio de los Niños entre los gastos financiados con suelo.

Sin embargo, algunos pagos no llegaron siquiera a comprometerse ese año, por lo al terminar 2002 había un desfase de más de 6,4 millones de euros. en consecuencia, sostiene la funcionaria se aplicaron en el remanente del año siguiente que, aún así, dejó un 'agujero' de 804.000 euros.

Ya en 2004, con otros gastos nuevos, el desfase se redujo a 152.620 euros, que propone se destinen del remanente a la financiación de los gastos permitidos por la ley regional.