JAVIER Fernández, el secretario general de la FSA, ha sido el primer dirigente socialista asturiano en valorar el pacto alcanzado por el Gobierno con CiU sobre el 'Estatut', al decir que le parece un buen acuerdo para todos. Un primer juicio que coincide con las explicaciones dadas por la vicepresidenta, Fernández de la Vega, y con el portavoz parlamentario, Alfredo Pérez Rubalcaba, que han puesto interés en reseñar que la fórmula alcanzada es equilibrada, porque responde a los deseos de Cataluña y salvaguarda, a su vez, los intereses del Estado. Los que creían que los socialistas iban a contradecirse en público estaban equivocados, porque tres décadas de democracia han mostrado que los socialistas discuten antes de decidir, pero luego cierran filas. Hasta Rodríguez Ibarra asegura ahora que el nuevo texto no se parece en nada al 'Estatut' aprobado en el 'Parlament'.

El líder de los socialistas asturianos ha afirmado que el acuerdo de Zapatero y Artur Mas es generalizable al resto de comunidades autónomas. Es evidente que se refiere al capítulo de financiación, porque los problemas culturales o lingüísticos son diferentes en cada territorio. El Consejo de Política Fiscal y Financiera es el órgano para adoptar cambios en la financiación, y a mí no me cabe ni la menor duda que todos los presidentes autonómicos van a pedir más dinero, como hicieron los catalanes, y el ministro Solbes les ofrecerá el 50% de la recaudación del IRPF y del IVA, así como el 58% de la recaudación de los impuestos especiales. Ningún presidente va a renunciar a una participación en la cesta de impuestos que suponga un incremento de más de un tercio sobre la recaudación actual.

El problema es que el Gobierno cederá unos porcentajes sobre la recaudación de los grandes impuestos del Estado (con la excepción del Impuesto de Sociedades) superior al dinero que destinaba a dotar el fondo de suficiencia que se repartía entre las comunidades autónomas. Con otras palabras, el Gobierno no ha hecho un acuerdo de suma cero, ya que al final ha tenido que dar a los catalanes una cuota tributaria superior al coste de los servicios públicos que financia la Generalitat. Cuando se le da esa ventaja a una región, se crea un agravio con el resto de comunidades. Pero cuando se extiende ese beneficio a todas las regiones, el único que se resiente es la Hacienda del Estado, que tendrá que construir las mismas carreteras con menos dinero.

Como este asunto no es de patrias sino de números, deben los socialistas dar explicaciones detalladas, porque el equilibrio territorial se juega en este reparto de recursos entre administraciones. Para que el acuerdo fuera neutral deberían los gobiernos autonómicos asumir compromisos que ahora tiene el Estado. Nada indica que va a ser así.