El mismo día en que el Gobierno socialista afirma que la reforma financiera pactada en el 'Estatut' se puede extender al resto de territorios, catedráticos y profesores de la Universidad de Oviedo, consultados por EL COMERCIO, cuestionan la extrapolación de este sistema a otros territorios. Consideran que Asturias mantiene grandes diferencias económicas con Cataluña y, por tanto, no puede aplicarse un modelo hecho a su medida, que supondrá un incremento en la cesión del IRPF del 50%, un aumento en la recaudación del IVA al 50% y una subida en los impuestos especiales hasta el 58%. Sin embargo, ninguno de los expertos entrevistados cierra esa puerta, ante la posibilidad de que el Principado sea capaz de compensar la aplicación de esos criterios tributarios con otro tipo de garantías económicas que avalen la supervivencia de los mecanismos de solidaridad.

Estos argumentos se pondrán encima de la mesa durante la negociación del Consejo de Política Económica y Fiscal. El catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo Carlos Monasterio confía en que cada comunidad «haga oir su opinión» en este foro de debate. A su juicio, carece de sentido «dar un traje a una autonomía sin preguntarle la talla que usa».

En una línea similar se pronuncia también el decano de Económicas de la Universidad, Javier Suárez Pandiello. Desde su punto de vista, «la reforma de la financiación sólo puede enmarcarse en un contexto multilateral», un punto de partida que siempre defendió el Gobierno asturiano. Suárez Pandiello subraya que «no es razonable que el contenido del Estatuto catalán, hecho a la medida de una comunidad concreta, sea aplicable al resto de territorios».

Esta reflexión es también compartida por el profesor titular de Derecho Constitucional Ignacio Villaverde, que tilda de «incoherencia» el mero hecho de que se plantee una reforma extensible a todas las regiones, simplemente «porque no todos tenemos los mismos niveles de renta». Con los datos en la mano, Villaverde no oculta su temor y augura que Asturias «no sale especialmente beneficiada».

Su reflexión apunta en una dirección: el Principado tendrá más capacidad económica, pero a costa del Estado que tendrá menos. Así, expresa su temor a que las regiones más beneficiadas son aquellas que tienen un mayor poder económico.

Ramón Punset, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo, incide en esta apreciación y reconoce que él «echa de menos una mayor corresponsabilidad fiscal». Considera injusto que la solución a la financiación de las comunidades tenga que proyectarse sobre un aumento en la cesión de los tributos estatales, «ya que eso no erosiona a los gobiernos autonómicos y sí al estatal».

Necesidades de gasto

Al igual que el resto de comunidades, el Principado tendrá que poner sus cartas encima de la mesa y, según Carlos Monasterio, «defender criterios que reflejen nuestras necesidades de gasto». Señala que no existen las «cifras mágicas» y más tras la pérdida de las ayudas comunitarias. Por este motivo, Asturias deben centrar sus esfuerzos en el fondo de compensación interterritorial. «Ahí Cataluña no va a meter la cuchara, por eso procuremos que sea un pote lo más grande posible», afirma Monasterio, que defiende también una negociación multilateral «sin caer en los victimismos».

Un acuerdo para todos. Ese el propósito que define la estrategia del Gobierno, según explica Ignacio Villaverde, que tiene claro que la cesión del 50% en el IRPF «no es lo mismo para Cataluña que para Asturias».

Puntet recuerda que el dinamismo económico que tiene una y otra región «hacen imposible» concebir los mismos criterios para una que para otra. Su principal inquietud es saber cómo se van a garantizar los mecanismos de solidaridad, que permitirán a comunidades como Asturias seguir recibiendo ayudas.

Los términos del acuerdo no representan, a juzgar por las impresiones de los expertos «ningún drama», tal y como preconizan los detractores del Estatuto. Monasterio considera que con el pacto alcanzado con las fuerzas catalanas la multilateralidad «está garantizada». Alaba un sistema que supone un «aumento de la recaudación tributaria» y valora la negativa de Solbes de ceder el impuesto de sociedades».

Más escéptico se muestra Ramón Punset sobre los resultados de la negociación. A su juicio, el Gobierno y Zapatero «nos han metido en un berenjenal de mucho cuidado», al tiempo que muestra sus reticencias ante la carrera que se abre a todas las autonomías con la mente puesta en la equiparación de las competencias y lograr más recursos. CARLOS MONASTERIO

J. SUÁREZ PANDIELLO

RAMÓN PUNSET

IGNACIO VILLAVERDE