El Principado pide al Consejo Consultivo que determine las consecuencias jurídicas y constitucionales que tendría calificar Asturias como una nacionalidad, sin descartar la posibilidad de recurrir a otra denominación distinta que bien podría ser la de comunidad histórica, siguiendo así los pasos de otros territorios como Galicia o Andalucía que adoptaron el camino del artículo 151 de la Constitución Española.