El Principado pide al Consejo Consultivo que determine las consecuencias jurídicas y constitucionales que tendría calificar Asturias como una nacionalidad, sin descartar la posibilidad de recurrir a otra denominación distinta que bien podría ser la de comunidad histórica, siguiendo así los pasos de otros territorios como Galicia o Andalucía que adoptaron el camino del artículo 151 de la Constitución Española. Esta es una de las cuestiones que plantea el documento remitido por el Gobierno asturiano al Consejo Consultivo que emitirá un dictamen que no será vinculante. El informe del órgano que preside Bernardo Fernández será enviado al Gobierno antes del próximo 10 de abril para comenzar, a continuación, su debate en la Junta.