Angustia es la palabra que utilizan las familias de los 62 fallecidos para definir su estado de ánimo en los dos años y siete meses transcurridos desde que el 26 de mayo de 2003 se estrellara el avión Yakovlev-42 en que sus allegados regresaban de Afganistán y Kirguizistán. A pesar del tiempo pasado, el presidente de la principal asociación de afectados, Alfonso Agulló, afirmó antes de comenzar la vista que las víctimas «nunca se hartarán de pedir verdad y justicia».

El juicio iniciado ayer en Zaragoza es el primero por esta catástrofe. En principio se trata sólo de fijar la responsabilidad de las empresas, pero los afectados quieren que de este proceso salga una sentencia firme que diga que hubo irregularidades y que aquel avión «nunca debió despegar».

Con esa sentencia en la mano y con el informe de la comisión internacional -que ya llegó hace dos meses a esa conclusión-, tratarán de reimpulsar el sumario abierto en la Audiencia Nacional para depurar responsabilidades penales, ahora estancado.

Las familias quieren que se investigue de forma rigurosa la contratación del vuelo y el paradero del dinero del seguro, que se esfumó en la cadena de subcontrataciones. Alfonso Agulló lamentó la «dejación» de la juez en este caso, en el que «siempre ha ido a remolque» de la investigación realizada por ellos, y sólo actuó cuando le presentaron «pruebas incontestables» como los informes de ADN que certificaron que 30 cadáveres estaban mal identificados. Los afectados quieren que «se busquen culpables entre quienes eran responsables de velar por la seguridad de nuestros familiares».