LA conclusión del informe del senador suizo al que el Consejo de Europa encargó la investigación relativa a los programas secretos de la CIA de captura y traslado de elementos sospechosos de pertenecer a redes terroristas fundamentalistas ha dejado poco margen para el beneficio de la duda. Según el documento elaborado por Dick Marty y hecho público ayer, es «altamente improbable que los gobiernos europeos, o al menos sus servicios secretos, no estuvieran al corriente» de esos vuelos ilegales con más de un centenar de sospechosos de terrorismo islamista en Europa. El documento no ha causado, sin embargo, mayor asombro por cuanto el resultado de las investigaciones había sido ya asumido por una opinión pública que a duras penas podía creer -según se fueron conociendo los datos del suceso- que cientos de vuelos ordinarios a cargo de aeronaves bien conocidas y de empresas contratadas regularmente por la Inteligencia norteamericana se produjeran al margen de todo conocimiento de los Gobiernos concernidos. Más que aportar grandes revelaciones sobre lo que era obvio, el informe Marty ha vuelto a poner el dedo sobre la llaga de una cuestión ante la que la opinión pública -especialmente la europea- ha demostrado ser extremadamente sensible. Y es que aunque se reconoce que no se puede probar fehacientemente la existencia de cárceles clandestinas en Europa del Este, más allá de las informaciones que han sido publicadas por la prensa, sí se acusa directamente a Washington de haber estado 'subcontratando' la tortura de los sospechosos a manos de países con menos apego por los derechos humanos. Para el investigador suizo, los casos de un par de ciudadanos árabes secuestrados en Italia y Macedonia y entregados después a los servicios egipcios y afganos, respectivamente, para ser allí convenientemente 'ablandados', no ofrecen duda alguna del empleo de este tipo de metodología antiterrorista.