El Gobierno rechaza que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la reforma del Estatuto de Cataluña antes de su aprobación definitiva. El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, dejó claro ayer que no reintroducirá en el ordenamiento jurídico el recurso previo de inconstitucionalidad, derogado en 1985 para evitar interferencias en la potestad legislativa del Parlamento. La Comisión de Estudio del Consejo de Estado, encargada de redactar el informe sobre las reformas constitucionales previstas por el Ejecutivo, cree que su restablecimiento sería positivo. Pero el gabinete de Zapatero ya ha avanzado que, al menos en este punto, desoirá la recomendación del órgano consultivo.

Órgano consultivo

El Partido Popular exigió ayer que se paralice la tramitación del Estatuto de Cataluña para atender a las recomendaciones apuntadas por la Comisión de Estudios del Consejo de Estado. El secretario general de la formación, Ángel Acebes, defendió que si el principal órgano consultivo del Gobierno defiende la reinstauración del recurso previo de inconstitucionalidad -algo que se desvelará el próximo 16 de febrero- habrá que aplicarlo al texto aprobado por el Parlamento autonómico. Esta deliberación obligaría a reformar la ley orgánica del Tribunal Constitucional, un procedimiento que llevaría meses y, como poco, retrasaría los plazos que se han marcado tanto el Ejecutivo como las formaciones catalanas para aprobar el nuevo texto estatutario.

Acebes se mostró exultante ante el informe elaborado por la Comisión de Estudios del Consejo; un informe que, a su juicio, dice «exactamente lo mismo» que ha venido defendiendo en el último año el presidente de su partido, Mariano Rajoy. A partir de ahora, esgrimió, el PSOE no podrá argumentar que el PP es el único que se opone al 'Estatut'. Los populares creen que el organismo les da la razón y que respalda su tesis de que las únicas reformas constitucionales necesarias son una que blinde las competencias exclusivas del Estado frente a las comunidades autónomas y otra que eleve a dos tercios de las Cortes Generales el mínimo necesario para la aprobación de las reformas estatutarias.

Acuerdo «deseable»

Esa reforma implicaría que para modificar los estatutos sería necesario el acuerdo de los dos partidos mayoritarios. Un acuerdo que fue calificado ayer por uno de los ponentes de la Comisión de Estudio, el presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, como «deseable».