Según el presidente de Kiosqueros Asturianos Asociados (KIASA), José Avelino Martínez, además de las concentración, entre el 80 y el 90 por ciento del sector cerró hoy en Asturias.
En declaraciones a los periodistas, José Avelino Martínez destacó que las pérdidas que esta ley va a suponer para los establecimientos rondan el 30 por ciento de las ventas, ya que no sólo se trata del dinero que deja el tabaco, sino también del de otros productos que los clientes compran cuando se acercan a por los cigarrillos.
Martínez leyó un comunicado en el que KIASA manifiesta su "repulsa ante el robo de nuestros derechos como honrados comerciantes por parte del Gobierno y el Congreso de España".
"¿Por qué en nuestros aeropuertos se vende tabaco y alcohol al turismo sin cortapisas y es legal? ¿Por qué otros colectivos deciden qué quieren hacer dentro de sus negocios y es legal? ¿Por qué en un estanco pueden vender prensa y nosotros no podemos vender tabaco?", fueron algunas de las cuestiones que planteó.
KIASA denuncia asimismo que el Gobierno está actuando con un "cinismo e hipocresía sin límites", pues "se supone que tendría que defender los derechos de los más débiles".
"¿Qué delito hemos cometido para que todo un Gobierno nos ataque de tal manera? Somos trabajadores y empresarios honrados y no delincuentes comunes", indicó.
"¿Cómo se puede leer el cartel de prohibido fumar en un local y a la vez vender tabaco? ¿Por qué se fabrica tabaco de ínfima calidad y el Ministerio de Sanidad lo consiente?", son otras de las preguntas contenidas en el comunicado.
Añadió que una buena ley del tabaco comienza a construirse en la escuela, con una buena educación sobre el tema, pues "no se puede construir un edificio empezando por el tejado".
Martínez subrayó que iban a luchar hasta el final y pidió al Gobierno que "devuelva su dignidad" al sector de los quiosqueros.
Los manifestantes profirieron gritos de denuncia contra el Gobierno y, finalmente, Avelino Martínez fue recibido por el secretario de la Delegación del Gobierno que se comprometió, según el portavoz de KIASA, a enviar las quejas a Madrid