SI para Álvarez Areces la cumbre astur-gallega fue un encuentro «excepcionalmente cordial y eficaz», para Ovidio Sánchez consistió en una simple «cita social» carente de interés. No estamos ante una diferencia de concepto, sino de partido. Todos sabemos cómo desde los gobiernos cualquier iniciativa oficial se eleva a la categoría de hito histórico y desde la oposición se devalúan los aciertos del Ejecutivo. Hace seis años, se celebró otra cumbre entre los gobiernos asturiano y gallego, en la que se suscribieron menos acuerdos que en esta, pero en aquella ocasión Ovidio Sánchez no criticó el encuentro. Quizás la razón de la distinta valoración radique en que ahora el presidente gallego es Pérez Touriño y entonces era Fraga Iribarne. El debate partidista tiene esas servidumbres.

El líder de la oposición aseguró que en la reunión de asturianos y gallegos fueron más importantes los silencios que las declaraciones. Entre los silencios citó el sistema de financiación acordado por Zapatero y los partidos catalanistas en la negociación del 'Estatut'. Lleva razón Ovidio Sánchez, porque sobre esta cuestión sólo hubo alguna mención por parte de Pérez Touriño, para señalar que las dos comunidades autónomas teienen los mismos intereses. Sabiendo lo que se juegan ambas regiones en el debate territorial, la cumbre ofrecía una ocasión pintiparada para recoger en un documento los objetivos que iban a defender los dos gobiernos en los órganos estatales, como el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La defensa de los fondos de solidaridad y el carácter redistribuidor del gasto estatal deberían ser dos elementos clave en el discurso de los gobiernos de Galicia y Asturias. Resulta irritante que el pago de una supuesta deuda histórica, inventada por los nacionalistas catalanes, tenga para el Estado prioridad sobre las necesidades de otras regiones más pobres.

La oposición asturiana debería ver con agrado las relaciones del Principado con las comunidades limítrofes, porque tenemos un déficit en acuerdos interregionales, un asunto de escasa relevancia para territorios grandes como Andalucía o Cataluña, pero peligroso para pequeñas autonomías uniprovinciales de un millón de habitantes.