LA incineradora cuya construcción impulsa Cogersa constituye, sin duda, un proyecto de enorme trascendencia para nuestra comunidad, tanto por lo que se refiere a su impacto ambiental, como por su incidencia en el modelo de gestión de los residuos urbanos para un periodo de tiempo considerable y también por sus efectos económicos.

Según las cifras que se vienen manejando en los medios de comunicación, la construcción de la incineradora implicaría el significativo gasto de unos 250 millones de euros. ¿Una cuarta parte más de la inversión que conlleva el nuevo Hospital Central de Asturias! Con una subida que multiplicaría por cinco el precio que pagamos los ciudadanos en el recibo de la basura, y con el 'pequeño matiz' de que vamos a pagar para incinerar lo que primero hemos pagado para reciclar. Es decir, si actualmente en el precio de los productos envasados los consumidores pagamos una tasa (que, por cierto, ha subido este año una media del 32%) para sufragar el coste de la recogida selectiva que realizan los ayuntamientos, a fin de que se puedan reciclar lo envases, vamos a seguir pagándole - no tenemos forma de librarnos de ello - pero en vez de para reciclar los envases, para incinerarlos.

Y es que además de lo que ello supone y de la barbaridad económica que significa hacer una inversión mayor en una incineradora que en el hospital de referencia de Asturias, también hay que llamar la atención, tal y como establece la más reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el hecho de que la incineración de residuos urbanos no es una forma de valorización, de aprovechamiento de los mismos, sino una forma de eliminación. Y se sitúa dicha eliminación en el último lugar de una jerarquía de actuaciones públicas en lo que respecta a la gestión de los residuos. Está perfectamente establecida dicha jerarquía de principios en la legislación de residuos en los términos siguientes: priorizar lo máximo la prevención en la generación de residuos, reutilizar todo lo que se pueda, valorizar y reciclar todo lo que no pueda reutilizarse y, por último, eliminar de forma segura y con el menor impacto posible para la salud y el medio ambiente todo lo que no pueda ser reciclado.

Siguiendo esa jerarquía de principios emanados de la legislación vigente, el Plan de Gestión de Residuos en Asturias (aprobado por el Consejo de Gobierno el 14 de junio de 2001) los hace suyos. Pero los hace suyos sobre el papel, puesto que la realidad de la gestión de los residuos urbanos en Asturias se caracteriza por ser un auténtico fracaso y por el incumplimiento sistemático de las obligaciones y objetivos que se establecen en dicho plan y en la legislación vigente.

Así, el pasado año se han depositado en el vertedero central de Cogersa entorno a las 130.000 toneladas de papel/cartón, vidrio y envases de plástico, acero y aluminio, frente a las 40.000 toneladas recuperadas. Es decir, se ha enterrado en el vertedero más de tres veces la cantidad de materiales que se han recuperado y que son susceptibles de aprovechar como nuevas materias primas.

Frente al objetivo establecido en el Plan de Gestión de Residuos en Asturias de valorizar un mínimo del 70% en peso del total de los residuos de envases en el año 2006, solamente se recuperan y aprovechan en torno al 23%, es decir, sólo una tercera parte del objetivo; al igual que el objetivo establecido era obtener una tasa global de recuperación del 75% de papel/cartón en 2006 y tan sólo se recupera el 20%, es decir, menos de la tercera parte; de la misma forma que frente al objetivo de obtener una tasa global de reciclaje del 75% de vidrio en 2006 tan sólo se alcanza el 41%, es decir, unos treinta y cinco puntos por debajo de dicho objetivo, o que mientras se fija como objetivo obtener una tasa de reciclaje total del 40% de envases de plástico y del 90% para los envases de acero y aluminio en 2006, tan sólo se llega a una media del 22% para los tres tipos de envases.

De la misma forma que pese a que el primer objetivo, reiteradamente planteado, de la gestión de residuos es la reducción de su generación, en Asturias en todos estos años nunca se ha puesto en marcha ningún programa específico en este sentido o para alcanzar los objetivos establecidos de reutilización de envases.

Evidentemente, este incumplimiento sistemático de los objetivos establecidos en la normativa debe considerarse un hecho muy grave, especialmente si tenemos en cuenta que si se cumpliesen los objetivos de recuperación y reciclaje, ello haría totalmente innecesaria la incineradora que Cogersa quiere construir.

Los ayuntamientos son los que constituyen Cogersa y no pueden mirar para otro sitio ante la funesta gestión que se viene realizando de 'sus' residuos. Puesto que la Administración local es la propietaria de los residuos domésticos, desde el momento en que los depositamos para su recogida, y está obligada a gestionarlos conforme a los principios de reducción, reutilización y reciclaje, eliminando de una forma segura y con el mínimo impacto para la salud humana y el medio ambiente lo que no se pueda reutilizar o reciclar. Para ello cobran unas tasas que pagamos todos los ciudadanos. Unas tasas que ahora se nos anuncia que, de construirse la incineradora, tendrían un elevado incremento. Por ello, en manos de todos y cada uno de los ayuntamientos está la responsabilidad de tomar las iniciativas oportunas para asegurar que quede expresamente excluida la incineración de los residuos de su término municipal.

Los ayuntamientos deberían saber que está perfectamente acreditado que en las incineradoras son habituales los episodios de alta contaminación atmosférica, con emisiones de dioxinas (sustancias que no se degradan, se acumulan y son especialmente tóxicas para el ser humano) que exceden notablemente los valores límite establecidos, como es el caso de la incineradora de residuos de Valdemingómez (Madrid) con un proceso penal abierto por ello. Al igual que se constata en informes del Ministerio de Ecología de Francia, que en ese país incluso muchas de las incineradoras dotadas de la última tecnología superan sistemáticamente los valores límite de emisión de dioxinas en proporciones muy elevadas.

En definitiva, estaría muy bien que nuestros alcaldes tomasen ejemplo de Odón Elorza, alcalde de San Sebastián, quien en carta abierta en los medios de comunicación, ante el proyecto de construcción de otra incineradora en el entorno de su ciudad, señala que «claro que resulta más fácil y cómodo dejarse llevar por la solución incineradora que se 'traga todo lo que le echen' y además les quita complicaciones. Pero no olviden que esa costosa solución no es especialmente motivadora para conseguir la reducción del volumen de la basura en origen ni la activación de las políticas de reciclaje ni una mayor colaboración de la ciudadanía. Pensarán que si todo se puede quemar, para qué esforzarse».

UCE-Asturias, enero de 2006.