Más de un socialista carbayón debió ayer de frotarse las manos al conocer la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 de Oviedo. El fallo declara nulo el nombramiento de Alberto Mortera como Defensor del Ciudadano, pues estima en parte un recurso del portavoz municipal del PSOE, Jorge Fernández Bustillo, tramitado con notable discreción. El magistrado concluye que Mortera no puede tener más derechos políticos y económicos que los disfrutados antes de su salida del PSOE.

En resumen, el recurso de Bustillo cuestionaba: a) la propia creación de una Concejalía de Defensa del Ciudadano, cuyo titular asumía a la par la presidencia de la nueva Comisión de Sugerencias y Reclamaciones; y b) que ambos cargos, fundidos en una sola persona y en un único sueldo, recayesen además en Mortera, edil no adscrito a ningún grupo político desde el Pleno del 4 de noviembre de 2004 (o sea, tras haber sido suspendido de militancia en el PSOE).

La sentencia desecha el primero de los argumentos. El magistrado José Ramón Chaves García entiende que la creación de la concejalía «no conculca normativa alguna»; simplemente, responde a la nueva Ley de Grandes Ciudades. Asociarla a la citada comisión tampoco incurre en «usurpación de funciones», sino más bien en una «complementariedad». Para el juez, resulta «indudable» la similitud entre los cometidos del departamento y la comisión: escuchar las protestas ciudadanas sobre cómo ejerce el poder el Gobierno local.

Harina de otro costal es el candidato elegido por Gabino de Lorenzo para estrenar el cargo. Aquí es donde el Contencioso respalda a Bustillo. Con la Ley de Bases de Régimen Local bajo el flexo, el magistrado suscribe la voluntad del legislador de «evitar las 'plusvalías del disidente'».

Antes y después

Dicha expresión condensa un principio sencillo: si Mortera disfrutaba de 'x' derechos antes de dejar el grupo político en cuya lista electoral fue elegido, una vez abandonada esa formación no puede beneficiarse de más responsabilidades políticas, ni de un salario superior. El soldado cambia de bando, pero no debe ser ascendido.

De Lorenzo nombró a Mortera concejal delegado, esto es, que representa al alcalde por delegación y asume una responsabilidad de gobierno, cosa antes no conocida por un edil en la oposición. «La situación se vuelve anómala», dice el juzgado. Recuerda que la propia designación como no adscrito no contempló futuras competencias de gestión. El resultado «provoca un salto cuantitativo en cuanto a la posición política y económica», añade.

Económica, porque Mortera ingresa desde hace poco más de un año una nómina distinta a la cobrada en el PSOE. Este matiz ya fue objeto de otro fallo judicial del Contencioso-Administrativo, a finales de 2005, que anuló las nuevas condiciones del edil no adscrito, sin entrar en su nuevo cargo. El PP decidió recurrir aquélla sentencia. Es de esperar que ahora el equipo de gobierno local le eche otro capote al recién llegado.