La continuidad de la coalición de gobierno en el Principado depende de que la Federación Socialista Asturiana e Izquierda Unida sean capaces de llegar a un acuerdo sobre el papel que se le debe dar a la lengua asturiana en la reforma del Estatuto de Autonomía. Así lo dejó claro el consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, y dirigente de IU, Francisco Javier García Valledor, quien afirmó, en declaraciones a EL COMERCIO, que «es impensable que los socios del Gobierno mantengan posiciones divergentes sobre un asunto tan central como el Estatuto».

Para dejar más clara su postura, Valledor recurrió a un paralelismo sobre la situación que vive otro gobierno de coalición, el de la Generalitat de Cataluña: «Lo mismo que los socialistas le dicen a Esquerra se lo podría decir IU a la FSA». Es decir, como le espetó José Blanco a la formación de Josep Lluis Carod-Rovira, si se oponen al Estatuto, y éste es proyecto estrella del Gobierno, ¿qué hacen ustedes formando parte del Ejecutivo con los partidos que sí apoyan la reforma?

El consejero respondía así a las manifestaciones efectuadas anteayer en Canal 10 por la consejera de Cultura y portavoz del Gobierno, la socialista Ana Rosa Migoya, quien rechazó la cooficialidad de la llingua -objetivo primordial de IU en la reforma estatutaria- porque «nos llevaría a una imposición para muchos ciudadanos», pero descartó que las discrepancias en este asunto vayan a abrir una crisis en el Ejecutivo regional.

Entiende el dirigente de IU que su compañera de Gabinete «no habló en este caso como portavoz, en primer lugar porque en el Gobierno no se ha debatido este tema y, en segundo lugar, porque ella conoce perfectamente que algunos miembros del Gobierno defendemos la posición de cooficializar el asturiano».

Además, se negó a dar por sentado que el rechazo de la FSA a la pretensión de su socio minoritario vaya a ser definitivo, como dio a entender Migoya. «Aspiro a convencerla de que ese talante y ese espíritu de defensa de la libertad que ella manifiesta deberían llevar a los socialistas asturianos precisamente a defender la cooficialidad, porque ésta garantiza a muchos asturianos el derecho cívico de usar la lengua que queremos, cosa que ahora no podemos hacer», argumentó Valledor.

Puntos de encuentro

El coordinador general de Izquierda Unida de Asturias, Jesús Iglesias, rechazó también las palabras de la consejera de Cultura respecto a lo que supondría darle carácter oficial al bable. «Nosotros hemos apostado siempre por una cooficialidad sin imposición -replicó- y estamos seguros de que hay fórmulas para conseguirlo».

Por ello, al igual que su correligionario García Valledor, mantiene abierta la esperanza de llegar a un acuerdo con su socio mayoritario de gobierno. «Estoy seguro de que encontraríamos puntos de encuentro en un diálogo sobre esta cuestión con los compañeros socialistas», afirmó el líder regional de IU.

Iglesias lanzó, además, un 'recordatorio' a la FSA sobre la posición de su partido a nivel nacional, asegurando que «estamos convencidos de que los socialistas asturianos son tan respetuosos como los socialistas catalanes, y lo que dicen en el Estatuto de Cataluña deberían poder admitirlo perfectamente para el asturiano».

En cualquier caso, los responsables de IU no tendrán ocasión de discutir esta cuestión con el PSOE al menos hasta el próximo mes de abril, cuando vence el plazo que tiene el Consejo Consultivo del Principado para emitir el dictamen sobre la reforma que le solicitó el Consejo de Gobierno. Entonces deberá crearse una comisión en el Parlamento regional para que los tres grupos del mismo inicien el debate sobre los contenidos del Estatuto que deben ser modificados. Y ese trámite se encontrará con la dificultad añadida de la negativa del Partido Popular a participar en el proceso mientras no se hayan resuelto las reformas de los estatutos de Cataluña y el País Vasco.

Así las cosas, y con las limitaciones que impone el calendario de sesiones de la Junta General, parece improbable que una eventual ruptura entre PSOE e IU se produjera hasta el último momento de la legislatura (las elecciones son en mayo de 2007), cuando sus efectos sobre la estabilidad del Gobierno autonómico serían ya muy limitados.