TRAS un inoportuno forcejeo que a punto ha estado de frustrar el acuerdo, PP y PSOE ha recompuesto el consenso en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía valenciano, desde ayer a debate en la Comisión Constitucional del Congreso. El entendimiento indica que felizmente aún quedan restos de sentido común en los negociadores de ambas partes y que los dos grandes partidos siguen secretamente convencidos de la necesidad de que los asuntos que se refieren a la estructura del Estado y rozan la materia constituyente, sean tratados y resueltos de común acuerdo, tanto por preservar las esencias y la integridad del régimen cuanto para asegurar la estabilidad institucional.

La reforma del Estatuto valenciano es la primera que se suscita en una comunidad 'no histórica', por lo que inevitablemente servirá de pauta a las restantes en un proceso que aparece ya imparable y que se extenderá a todo el mapa autonómico español. Más allá de la llamada 'cláusula Camps', de problemática constitucionalidad pero de gran calado político y que lo vincula al futuro Estatuto catalán al disponer que las Cortes Valencianas promoverán una reforma estatutaria cada vez que una comunidad asuma una competencia no prevista en su Estatuto, el ejemplo valenciano hace patente lo que ya se sabía: el sin sentido de plantear las reformas estatutarias aisladamente, sin una visión global del conjunto que pasa por el consenso entre populares y socialistas. Sugiere la conveniencia de que las dos grandes fuerzas abandonen su impostada beligerancia y desciendan cuanto antes a una negociación que establezca las líneas maestras de una reforma territorial que debe estabilizar a este país y no sumirlo en una crisis que de otro modo podría resultar tan destructiva como inevitable.