La vicepresidenta primera del Gobierno respaldó este viernes la decisión de Cándido Conde-Pumpido de forzar la renuncia del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño. María Teresa Fernández de la Vega defendió la «autonomía» del fiscal general del Estado para adoptar esta medida, que consideró «normal» en el ejercicio de sus funciones.

«El relevo del fiscal se produce en el ejercicio de las competencias que al fiscal general del Estado le incumben con absoluta autonomía de dirección de una institución regida por la unidad y la dependencia jerárquica», defendió la Portavoz del Gobierno al término del Consejo de Ministros.

En su reunión de ayer, el Ejecutivo aprobó el cese de Fungairiño, a quien Conde-Pumpido forzó a dimitir por considerar que desobedeció varias de sus instrucciones y que, por lo tanto, ya no podía confiar en su comportamiento al frente de una fiscalía tan compleja e importante como la de la Audiencia Nacional. Fernández de la Vega trató de enmarcar la decisión dentro de la «más absoluta normalidad» porque todos los fiscales generales del Estado han ejercido esta potestad y se han regido por el criterio de confianza. La Portavoz del Ejecutivo manifestó su «absoluto respeto» por la labor del fiscal cesado en la lucha contra ETA e incluyó en este reconocimiento al trabajo realizado por «otros muchos fiscales de la Audiencia» que han destacado por combatir el terrorismo.

El Consejo Fiscal convocará el martes el concurso para cubrir la plaza vacante. El nombramiento del próximo fiscal jefe de la Audiencia Nacional es competencia del consejo de ministros, a propuesta del fiscal general. Conde-Pumpido tiene el apoyo del Ejecutivo no sólo para elegir al sucesor, sino para que éste acometa una amplia remodelación de la Fiscalía.

Paz

La interpretación que el Partido Popular ha hecho de la remoción de Fungairiño -consideran que el Gobierno pretende nombrar un sustituto menos contundente en la lucha contra ETA ante un hipotético proceso de paz en el País Vasco- enfadó a la 'número dos' del gabinete socialista, que tachó estos comentarios de «partidistas e irresponsables».