LA opa hostil lanzada por el primer grupo siderúrgico mundial, Mittal Steel, ofreciendo 18.600 millones de euros por el 100% de las acciones de Arcelor, segundo productor de acero del planeta, ha causado un gran impacto en todos los estamentos del holding siderúrgico europeo, y en los gobiernos y opiniones públicas de los países que albergan plantas de Arcelor. El rechazo a la oferta ha sido unánime, expresado con gran firmeza por los responsables de Arcelor y secundado en iguales términos por los gobiernos francés y luxemburgués, y de forma más prudente por el Gobierno español, en la persona del vicepresidente Pedro Solbes, que manifestó su parecer contrario a la opa por carecer de un plan industrial.

La propuesta del grupo anglo-indio ha sido descalificada por un cúmulo de heterogéneas razones, que van desde las más genéricas, la hipotética amenaza al modelo social de empresa europeo, hasta las más técnicas, la supuesta falta de complementariedad entre los procesos de alto valor añadido de Arcelor y las producciones tecnológicamente más atrasadas de Mittal, pasando por la falta de garantía para los puestos de trabajo y la ausencia de compromiso con las inversiones programadas por Arcelor. La ronda de contactos abierta por Lakshmi Mittal, presidente de Mittal Steel, con las autoridades de los países de la UE que tienen factorías de Arcelor, no ha servido para dulcificar el rechazo, pese a las promesas de mantener producciones y empleo. Entre los contactos se inscribe la entrevista con el consejero de Industria del Principado, Graciano Torre, en la que el consejero mantuvo una inteligente postura al no prejuzgar el desarrollo de la opa para centrarse en la defensa de las factorías asturianas que, con casi 7.500 empleos, constituyen la parte más sustancial de las producciones de Arcelor en España. El mismo hecho de la entrevista supone el reconocimiento implícito por parte de Lakshmi Mittal de la importancia de la siderurgia asturiana.

La cadena de rechazos a la opa descansa en dos premisas, la traumática memoria que han dejado los procesos de reconversión en el tejido siderúrgico europeo (en el año 1980, la siderurgia de la UE empleaba a 792.000 trabajadores y veinte años más tarde la cifra se reducía a 269.000 operarios) y el carácter emblemático que tiene el acero en el acervo común comunitario, por algo la defensa de la autonomía de Arcelor se inicia apelando el espíritu del 'Airbus'. No obstante, pese a todas las declaraciones, la palabra la tienen en primer lugar los órganos reguladores encargados de vigilar la competencia y posteriormente los accionistas. La Comisión Europea estudiará la operación por el volumen de facturación afectado por la opa (más de 5.000 millones de euros), y de no recibir objeciones, los accionistas decidirán.

Mittal Steel ofrece comprar los títulos de Arcelor a través de un canje, en el que se intercambian cuatro acciones de Mittal Steel y 35,25 euros por cada cinco títulos de Arcelor. La respuesta del accionariado es una incógnita, porque la principal debilidad de Arcelor descansa en que más del 81% de su capital se encuentra en bolsa. No existe un núcleo duro comprometido con la esencia del negocio siderúrgico; los accionistas de referencia son el Estado de Luxemburgo, con el 5,6% de los títulos, la empresa familiar Aristrain, 3,5% de las acciones, y los fondos belgas de Valonia, agrupados en Sogepa, con el 2,4% de las acciones. La operación planeada por Mittal Steel tiene una lógica financiera evidente, en la medida que parte de un acuerdo con un tercer grupo siderúrgico, Krupp, para revenderle la siderurgia canadiense Dofasco recientemente adquirida por Arcelor. La verificación de la opa supondría para Mittal Steel un pago en efectivo de 4.700 millones de euros, pero al revender Dofasco por 3.800 millones, el esfuerzo de caja quedaría reducido a 900 millones de euros. Si tenemos en cuenta que en el balance de Arcelor figuran unas reservas de 2.709 millones de euros, se comprende el interés de la operación. Un holding empresarial que tiene una gran liquidez y con el accionariado distribuido entre inversores financieros constituye la diana perfecta para opas hostiles. A la vista de estos datos, lo que no se entiende es que los gestores de Arcelor no se hayan anticipado a esta opa, u otras que pudieran venir en el corto plazo, llegando a acuerdos de fusión con otros competidores, con el objeto de formar un núcleo duro vinculado a las producciones siderúrgicas. La estrategia de resistencia que realizan los directivos de Arcelor pasa ahora, precisamente, por organizar, a toda prisa, acuerdos con otras empresas siderúrgicas que obstaculicen los planes de Mittal Steel.

En el caso de los intereses del acero asturiano, agrupado en Aceralia dentro de Arcelor, queda a la expectativa de lo que se decida en Luxemburgo o París. No disponemos de ninguna capacidad de decisión, por la forma concreta en que llevó el Gobierno de Aznar la operación de privatización de Aceralia, que en el aspecto financiero fue chirriante (la venta a Arbed), tal como reconoció en reciente sentencia el Tribunal de Cuentas, y que no reservó ni un paquete de acciones para las instituciones públicas, tal como le pedía la oposición parlamentaria, y desde Asturias, el Gobierno de Sergio Marqués, aunque luego se plegó a los planes de Madrid. Pedro Solbes o Graciano Torre pueden hacer una defensa moral o política de las siderurgias asturianas, pero carecen de ningún poder material o societario de decisión.

Todas estas consideraciones no prejuzgan el rumbo que tome la opa, porque la formación de un conglomerado siderúrgico que tenga una cuota del 10% en el mercado mundial del acero puede ser muy beneficiosa, y una defensa ante el ascenso de la producción siderúrgica china. Triunfe o fracase la opa, habría que aprovechar la operación desde el Principado para reforzar los planes de inversión en las plantas de Gijón y Avilés, en los sucesivos encuentros que se realicen con los altos responsables siderúrgicos.