COMO corresponde al momento de preparación en que se encuentra, la ley de igualdad presentada por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales es un borrador abierto a un debate de indudable interés popular que será previsiblemente intenso y que no debería salirse de los parámetros del respeto y la eficacia social. Pese a cierta grandilocuencia en la denominación del proyecto, Ley de Garantía de la Igualdad entre Mujeres y Hombres, es indiscutible que a nadie le debe dejar indiferente una iniciativa encaminada a erradicar la discriminación de la mujer en la sociedad actual. Por ello sorprende que el ministro Jesús Caldera sólo haya presentado la parte que se refiere a la aplicación en el ámbito laboral y se desconozcan aún las medidas antidiscriminatorias que se preparan en el resto de actividades sociales o políticas, normas que, como en el caso de la exigencia de paridad en puestos de decisión, van a tener una evidente repercusión en el mundo laboral.

Del borrador dado a conocer, con algunas propuestas discutibles por equívocas o confusas, merece la pena destacar -positivamente- que sea menos intervensionista y ofrezca disminución de celo regulador de lo que se venía anunciando en los últimos meses, o que el propósito declarado de la futura ley sea terminar con situaciones que discriminen por razón de sexo a mujeres, pero también a los hombres. Se modifican acertadamente algunos aspectos de los permisos de paternidad y lactancia, pero no hubiese estado de más haber incidido con mayor ahínco en la conciliación de vida laboral y familiar y en la equiparación salarial.

Estas cuestiones, junto a la modificación de actitudes tradicionales del hombre para corresponsabilizarse en tareas del hogar, deben ser los objetivos prioritarios de la igualdad que se pretende. Y para ello se necesita una decidida actuación en el campo de la pedagogía. Además, la puesta en marcha de las medidas anunciadas, sobre todo las referidas a la empresa privada, ha de ser rigurosa y absolutamente respetuosa con los legítimos ámbitos de decisión. Porque sólo en la medida en que la ley muestre que no va contra nadie, sino a favor de equilibrar lo que no estaba, será asimilada sin mayores problemas por el conjunto social.