EN el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno ha esquivado el debate que trataron de plantear los responsables autonómicos del PP sobre el acuerdo de financiación de Cataluña. Apoyado en las comunidades regidas por los socialistas, el Ejecutivo impuso su voluntad plasmada en la constitución de un grupo de trabajo que estudiará un sistema de financiación que sustituya al actual. El Gobierno gana tiempo y evita una discusión sobre el 'Estatut' que discurriría en paralelo con la tramitación parlamentaria de dicha norma, pero antes o después tendrá que retratarse.

Ovidio Sánchez ha destacado la imposición bilateral (Gobierno-partidos catalanistas) de un acuerdo de financiación al resto de las comunidades autónomas, lo que rompe el marco de negociación multilateral. Lleva razón, lo que ocurre es que siempre ha sido así: en 1993, Felipe González pactó con Pujol la cesión del 15% del IRPF sin preguntar al resto de las comunidades autónomas; en 1996, Aznar acordó con Pujol elevar la cesión del IRPF al 30% sin consultar a los otros gobiernos autónomos. Zapatero mantiene el método y el interlocutor. El líder del PP asturiano ha echado sus cuentas y afirma que Asturias perdería 357 millones de euros anuales si se aplica la fórmula del 'Estatut'. La cifra sale de rebajar la inversión del Estado en Asturias hasta dejarla en proporción con nuestro PIB regional. Señala Ovidio Sánchez uno de los aspectos más criticables del capítulo de financiación del 'Estatut', al entrar a dictaminar la cuantía de las inversiones estatales (algo inaudito en un estatuto de autonomía) y establecer que no deben estar en función de las necesidades, sino de la riqueza de los territorios. A más riqueza en una región, más inversiones del Estado.

No obstante, la discusión sobre el modelo de financiación se juega en el capítulo de las cesiones tributarias. El PP no da pistas sobre qué sistema pregona, más allá de la defensa retórica del actual, que no satisface a nadie. El modelo de financiación del 'Estatut' contiene una trampa para Rajoy, ya que resulta sumamente favorable para las comunidades autónomas del PP. La crítica radical al 'Estatut' sólo se puede hacer desde la defensa de un Estado fuerte.