La resolución reclama además la apertura de un "amplio debate social, político e institucional" sobre el proyecto para "garantizar que cualquier decisión sobre el tratamiento de los residuos sea adoptada con un gran consenso".
La propuesta fue aprobada por la mayoría del gobierno local formado por el PSOE e IU después de que los concejales de estos dos grupos rechazara una del PP que exigía la paralización del proyecto de construcción de la incineradora ante la alarma social que ha generado.
La sesión plenaria se inició con un informe de la presidenta de la Comisión de Reclamaciones y Sugerencias, Esperanza Gomez Puerta, según la cual los ciudadanos de Gijón presentaron en los últimos 9 meses un total de 860 quejas o recomendaciones sobre el funcionamiento de al administración local.
El gobierno municipal consideró positivo el resultado de la oficina de reclamaciones que reemplazó a la figura del Defensor del Ciudadano al entrar en vigor la Ley de Grandes Ciudades.
Según los portavoces del PSOE y de IU, Pedro Sanjurjo y Jesus Morales, respectivamente, la cantidad de 860 reclamaciones o sugerencias "es baja" para una ciudad con una población flotante de 300.000 habitantes.
La portavoz del grupo del PP, Pilar Fernández Pardo, consideró en cambio que esa cifra es significativa porque representa a "muchos más ciudadanos que comparten y apoyan" esas demandas.
Los tres grupos políticos aprobaron por unanimidad la modificación del reglamento sobre fichas con datos personales para adaptarlo a la Ley de Protección de Datos.
El concejal de Economía, Pedro Sanjurjo, informó además sobre el estado de ejecución presupuestaria correspondiente al año 2005 que alcanzó un 99,83 por ciento en los ingresos corrientes y un 93,95 por ciento en los gastos con una ahorro neto del 9,7 por ciento.
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