La Junta General del Principado aprobó ayer por unanimidad la modificación de la Ley de Medios de Comunicación Social que permite la entrada de los representantes del Partido Popular en el consejo de administración del Ente Público de Comunicación, del que depende la televisión regional. La formación opositora, que se había negado en su momento a designar los seis consejeros que le correspondían en función de su representación parlamentaria, explicó que su cambio de posición «ha venido forzado» por la negativa del Gobierno asturiano a facilitarle información sobre las cuentas y actividades del Ente Público o por exigirle para proporcionarle esos datos que los populares firmaran «inaceptables cláusulas de confidencialidad».