EL fenómeno industrial más relevante de los últimos tiempos es la cascada de anuncios de inversión en proyectos energéticos realizados por diversos grupos empresariales. El más reciente de ellos ha sido a cargo de Endesa, que proyecta dos plantas de ciclo combinado, una de ellas en Aboño y la otra en La Pereda en colaboración con Hunosa. Seis compañías se han declarado dispuestas a instalar once grupos de gas, lo que significaría una inversión global de 3.300 millones de euros y una potencia de 5.260 megavatios. De esos grupos de gas, ya hay uno, el primero de HC Energía en Soto de Ribera, que cuenta con la autorización del Ministerio de Medio Ambiente y está prevista su entrada en servicio para dentro de dos años.

No se agota en los ciclos combinados el potencial inversor en energía, porque hay medio centenar de proyectos de aerogeneración previstos que podrían rondar los mil millones de euros de inversión, y la construcción de una planta de biomasa, gracias a un acuerdo entre Hunosa, HC Energía y Duro Felguera. Esta apuesta por el gas y las energías renovables no hace olvidar el carbón, que adquiere nuevos atractivos con la implantación de las recientes tecnologías, con las llamadas plantas supercríticas, que aumentan su rendimiento energético en casi el 50% y provocan muchas menos emisiones a la atmósfera. Aunque el rendimiento de los ciclos combinados es aún mayor, tienen unos costes variables mucho más altos, por lo que las plantas supercríticas, como la prevista por HC Energía en Aboño de 800 megavatios, van a ayudar a ensanchar el mix energético.

La construcción de todos estos proyectos se debe a la tradición energética de nuestra región, con un parque termoeléctrico vetusto que permite ser renovado sin originar rechazos sociales al mantenerse las localizaciones de las plantas de generación. La orientación del Plan Energético Nacional hacia la producción eléctrica, a partir del gas y las energías renovables, está en la base de estos anuncios de inversión que han encontrado un definitivo apoyo con la luz verde dada por el Gobierno al proyecto de la planta regasificadora de El Musel. Para que se materialicen las inversiones hace falta que entren en servicio las redes de alta capacidad, Soto-Penagos y Lada-Velilla, una vez que fijados sus trazados por Red Eléctrica se apresten a integrar en ellos las peticiones de colectivos vecinales y ecologistas. En tres años deben estar en disposición de evacuar la electricidad generada en Asturias hacia otros centros de consumo.

La construcción de los once grupos de gas, los nuevos parques eólicos y el resto de proyectos de generación eléctrica, pueden significar una demanda laboral superior a los quince millones de horas de trabajo, lo que supone un revulsivo para la economía de la región que se une a los grandes proyectos de infraestructuras de transporte que se ejecutan (autovías, variante de Pajares, ampliación de El Musel) y a la construcción de equipamientos de otro tipo, como el nuevo Hospital Central. La actividad económica asturiana de los próximos años estará fortalecida por estos planes de renovación energética. Es una pena que no sepan ver esta oportunidad algunos personajes de la clase política que claman contra la instalación de la planta regasificadora o contraponen, desde la ignorancia, el gas y el carbón. Junto a estos proyectos surgen otros, como el presentado en Lena por Ingeniería Mediterránea Medioambiental, dedicado al aprovechamiento y reciclaje de residuos industriales, que con una inversión de 141 millones de euros creará 383 empleos. Cogersa plantea la ubicación de una planta incineradora en Serín, con una inversión de 220 millones de euros.

Los interrogantes sobre la actividad industrial se plantean a partir del medio plazo, cuando todos estos proyectos se hayan completado. No le corresponde al Principado ni a ningún otra institución decidir qué actividad industrial se debe emprender, porque en una economía de mercado ese papel recae sobre los inversores privados. No obstante, sí se puede facilitar el desarrollo industrial, reduciendo déficit y facilitando la extensión de las actividades.

El nuevo mapa de generación eléctrica va a llevar la demanda de servicios avanzados a empresas, que es el gran déficit de nuestro sector servicios, al estar generalmente asentado sobre segmentos de actividad demandantes de mano de obra poco cualificada. Empresas de ingeniería y de asesoramiento van a externalizar unas prestaciones que antes se cubrían con la nómina de trabajadores de cada empresa. Otro tanto cabe decir de las empresas auxiliares del sector del metal, que hasta ahora estaban impregnadas de los sistemas de funcionamiento de las grandes empresas, sin aportar la agilidad y flexibilidad que se necesita para adaptarse a las exigencias de la cartera de pedidos.

Hay iniciativas del Principado, como el plan en I+D+i, 2006-2009, que pueden derivar en importantes aplicaciones para el sector industrial, pero deben ir acompañadas de otras medidas para evitar cuellos de botella en el desarrollo de la industria. Hay dos déficit en la industria asturiana que habría que resolver: la escasez y la carestía del suelo industrial, auténtica barrera de entrada para la inversión en nuevos proyectos, y los desajustes entre la formación de la mano de obra y las demandas del mercado. Hay una producción de suelo industrial excesivamente ligada a la óptica municipal, que tiene como resultado una oferta escasa, con unos precios anticompetitivos. La oferta de suelo industrial está hoy día más en función de reordenaciones urbanísticas que de las necesidades de la industria.

El otro problema tiene que ver con la formación de la mano de obra, a la que debería contribuir la actual reordenación de las enseñanzas universitarias. El impulso del sector energético debería tener una respuesta desde la Universidad de Oviedo, hoy día inmersa en un marasmo de titulaciones, que origina situaciones como la oferta de estudios de ciencias geológicas, a la vez que hay una especialidad de geología para ingenieros de minas y un título, de reciente creación, de ingeniero geólogo en el campus de Mieres.