ES lógico, por obvias razones de sensibilidad colectiva, que cada vez que un criminal conspicuo que no ha dado señal alguna de arrepentimiento está a punto de ser puesto en libertad por haber cumplido su pena se genere un desconsolado debate sobre las imperfecciones del sistema que hacen posible semejante desafuero. En el momento presente, como se sabe, es sobre todo la excarcelación del sanguinario etarra Parot la que genera grave desazón.

Con todo, el asunto requiere alguna reflexión objetiva y desapasionada. Y no deja de ser curioso que, en virtud del principio de irretroactividad de las leyes penales, los problemas provengan precisamente de que no hay más remedio que aplicar el Código Penal franquista de 1973. La democracia, desde 1995, ha endurecido considerablemente las penas. La democracia es más severa que la dictadura

Si la Constitución de 1978 establece que «las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social...», parece, pues, evidente que el endurecimiento de los códigos y el agravamiento de las penas no son sino el reconocimiento del fracaso irremisible de este precepto constitucional. Algo estamos haciendo mal, en una palabra.