HOY se debe votar en el Parlamento Europeo una directiva destinada a facilitar la prestación de servicios por empresas europeas en los 25 países de la Unión. Las numerosas manifestaciones y polémicas alrededor de esta decisión entroncan con el 'no' francés a la Constitución del mes de junio. Entonces, muchos franceses votaron movidos por el miedo a una versión anterior y muy desfigurada de esta directiva, bautizada con el nombre del entonces comisario de mercado interior, Fritz Bolkenstein, y cuyas supuestas y desastrosas consecuencias para los franceses crearon un auténtico síndrome en el país que se denominó del 'fontanero polaco' y que acabó con la no ratificación del Tratado Constitucional europeo. Pero si tenemos en cuenta el contenido de la norma propuesta y ya pactada por la Comisión y los estados miembros nos encontramos realmente ante un falso e interesado debate entre más libertad económica y mayor competencia o más protección social y más salvaguardas ante la 'amenaza' económica de los nuevos estados miembros.

Casi todas las voces autorizadas han desmontado esta disyuntiva y subrayan que la directiva de liberalización de servicios en su versión actual es muy equilibrada y en absoluto desmantelaría los sistemas de protección social de los países más prósperos; muy al contrario, permitirá su modernización, ya que el impacto en el crecimiento económico será positivo. Es cierto que la nueva norma sobre servicios de la Europa de los 25 facilitará de modo especial la prestación de servicios de numerosas empresas radicadas en el este de Europa, pero hay que recordar que muchas de ellas son propiedad de alemanes, austriacos o italianos y la alternativa a este tipo de 'deslocalización' intraeuropea es la competencia del mercado asiático.

La directiva ha sido pactada por los dos grandes grupos del Parlamento Europeo, populares y socialistas. Aunque la nueva ley permitirá crear amplias excepciones con la definición por cada estado de lo que serán «servicios de interés económico general», su aprobación será un paso importante en la consolidación del mercado europeo. Y es que el principio de país de origen se mantiene finalmente, aunque no se enuncie con este nombre, por lo que se facilitará la mayor competencia entre empresas prestadoras de servicios, que gozarán de mayor seguridad jurídica y menos costes en sus transacciones.