La comisión ejecutiva federal ha delegado en la Federación Socialista Asturiana la capacidad de incoar expedientes sancionadores a seis militantes de la agrupación local del PSOE, por lo que ha devuelto el asunto sin castigo, tal y como adelantó el pasado sábado LA VOZ DE AVILÉS.

La comisión ejecutiva federal pone de manifiesto en un escrito su decisión de delegar en la FSA la posibilidad de tramitar «expediente disciplinario» contra los seis afiliados, argumentando que ante la repercusión de los hechos sucedidos antes de la asamblea extraordinaria de la agrupación local, que iba a celebrarse el 30 de noviembre (de 2005), «pueden ser constitutivos de una falta grave» tipificada en el artículo 43 del reglamento de afiliados, «lo que podría conllevar la sanción estipulada en el artículo 46.b del reglamento mencionado».

La FSA se ve forzada a intervenir, una vez más para zanjar las diferencias internas, al igual que lo hizo en junio de 2005. La tensión se mantiene desde principios de diciembre de 2005, con la dimisión de seis de los miembros de la ejecutiva local, circunstancia que obligó a renunciar a su cargo al secretario general del partido, Ignacio Muñiz Arce. La situación continúa a la espera de la convocatoria de una asamblea extraordinaria en el próximo mes de marzo.

Los militantes que renunciaron a sus cargos (Carmen Fernández, Begoña Fernández, David Fernández, Angela Gutiérrez, Rosa María Crespo y Faustino Sánchez) acompañaron su dimisión de un comunicado en el que criticaban «las presiones tanto desde la ejecutiva local como desde la FSA» para condicionar su actuación independiente.

La FSA decidió entonces incoar expedientes informativos a los seis integrantes de la agrupación local socialista, así como a Alfredo Domínguez y a José Antonio Yáñez, miembros también de la junta disuelta.