EL Congreso de los Diputados aprobó ayer, con el respaldo del partido gubernamental, una proposición de ley presentada por Izquierda Unida (IU) por la que los inmigrantes que lleven cinco años residiendo legalmente en España tendrán reconocido el derecho al voto en las elecciones municipales a partir de 2011. Tras la reforma del artículo 13 de la Constitución ya existía ese derecho reconocido a los residentes comunitarios y los de aquellos países que, como Argentina, Uruguay, Chile o Noruega, permitían en reciprocidad el voto de los españoles en su territorio. En cualquier caso, actualmente, vota ya en las municipales alrededor de un millón de extranjeros.

IU ha fundado su propuesta en el doble argumento de que la facultad de sufragio es uno de los derechos fundamentales y que la participación política es el mejor instrumento de integración en un país. Esta concesión no provoca el rechazo de la opinión pública, sino que, según las encuestas, más del 53% de los ciudadanos sería incluso partidario de que los residentes extranjeros pudieran votar en las elecciones generales, porcentaje que se eleva al 60% en las elecciones municipales. Sin embargo, no debería ocultarse que tal medida tiene también riesgos, que explican el rechazo del Parlamento Europeo, el pasado 17 de enero, a un informe que postulaba precisamente lo que acaba de admitirse en España.

El hecho de que los inmigrantes no nacionalizados tenga derecho a voto obligará lógicamente a los partidos a adoptar políticas de captación de éstas potenciales clientelas, que pueden representar unos cinco o seis millones de electores en 2011. Y habría que ver si esos mismos partidos serán capaces, cuando llegue el momento, de diseñar verdaderas políticas de Estado en esta delicada materia, la inmigración, tan relacionada con ciertos conceptos trascendentes como la soberanía nacional o la cohesión social. Por añadidura, está claro que no se han ponderado los efectos de la medida en ciertas localidades turísticas en las que la población extranjera es incluso mayoritaria, y en Ceuta y en Melilla, donde pueden producirse disfunciones graves. La institucionalización del derecho al sufragio de los inmigrantes debió haberse realizado después de un debate más profundo, capaz de ponderar todas las ventajas e inconvenientes y de tomar en consideración los casos particulares.