EN el informe que presentará la Comisión Ejecutiva de la FSA-PSOE al Comité Regional se opta por una ordenación territorial del Estado que garantice los mismos servicios públicos para todos los ciudadanos, con independencia del lugar donde vivan. La justificación de esa igualdad en los servicios deriva de la identidad en las obligaciones fiscales. Si un asturiano que gana veinte mil euros al año paga los mismos impuestos que un catalán con unos ingresos semejantes, no se entendería que a la hora de recibir cobertura sanitaria o educativa el catalán obtuviera superiores prestaciones. La FSA asegura que esa perspectiva de igualdad entre los individuos es su forma de entender el federalismo. En realidad, esa fue la forma que entendimos todos el Estado de las Autonomías hace 25 años, pero luego la voracidad de los nacionalismos desvirtuó un sistema de principios que deriva de la Revolución Francesa y está en la raíz de todas las democracias modernas.

El equipo que lidera Javier Fernández considera que el 'Estatut', tal como ha quedado tras el pacto de Zapatero y Artur Mas, corrige los errores y privilegios que contenía tras ser aprobado por el Parlamento de Cataluña. No obstante, como la financiación territorial va a decidirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, la dirección de la FSA anima al Principado a defender en ese órgano una política que pase por fijar unos estándares en las prestaciones de los servicios públicos para los que el Estado deberá garantizar la cobertura financiera. Lo más realista es pensar que habrá una dura controversia sobre la financiación autonómica, porque los catalanes querrán contribuir lo menos posible al fondo de suficiencia, mientras que los asturianos o los extremeños deberán vigilar por el reforzamiento de los fondos de solidaridad.

No estamos ante un debate meramente económico, sino ante planteamientos políticos e ideológicos esenciales. A la izquierda que no esté contaminada de nacionalismo le tocará luchar no sólo contra los clásicos privilegios de clase, sino contra los remozados privilegios históricos de los territorios. Antes de echar cuentas hay que recordar algunos principios básicos que convierten en decentes a las sociedades.