«Habrá de concluirse que son los promotores y constructores de la edificación a quienes corresponde abonar la tasa del enganche al agua, en la medida en que constituye un requisito necesario para que aquéllos (los compradores) puedan disfrutar de los servicios de suministro de agua y saneamiento». Ésta es una de las principales conclusiones a las que llega la sección quinta de la Audiencia Provincial, que juzga ilegal y abusivo el cobro del tributo a los compradores de viviendas nuevas. El fallo tiene lugar tras un recurso presentado por una constructora contra una comunidad de propietarios.

La sentencia firme, no recurrible, marca un antes y un después en la batalla del enganche del agua. Una larga batalla que en Oviedo comenzó hace más de cinco años y que la Unión de Consumidores de Asturias (UCE) denunció en sucesivas ocasiones. Ayer, su presidente, Dacio Alonso, esperó «poder pasar ya de capítulo» en el debate sobre la legalidad.

Pero antes de pasar página, detalló que son muchos los vendedores de Asturias y del resto del país que en contratos de compra-venta privados han cargado la tasa a los compradores. La Audiencia declara «abusivas» este tipo de cláusulas, al estar «prerredactadas e impuestas».

Hasta ahora ha sido bastante «común» esta práctica en los contratos privados; lo que es «único» es el modo de actuar del Ayuntamiento de Oviedo: modificó la ordenanza fiscal entre 2001 y 2005 «para exigir al comprador el pago de la tasa». Alonso criticó, en este sentido, «la connivencia, aquiescencia y complicidad explícita del equipo de gobierno con las prácticas abusivas» de promotores y constructores.

Con la sentencia en sus manos, Alonso exigió a De Lorenzo «explicaciones políticas y jurídicas» y le advirtió que su «forma fraudulenta de proceder no quedará impune». «¿Cuánto tiempo va a esperar el Ayuntamiento para resarcir el daño hecho en los últimos años?», se preguntó el representante de los consumidores.

1,5 millones de deuda

Justo ayer se cumplieron tres meses desde la presentación por parte de la UCE de un recurso de reposición para «exigir al Consistorio que habilite un procedimiento para devolver las cantidades cobradas ilegalmente». Aunque, de momento, la organización sólo ha recibido el «silencio» por respuesta, ya elabora sus propios cálculos para conocer el dinero que adeudan las arcas municipales. «A cada comprador se le deben 131 euros; en global, el perjuicio alcanza 1,5 millones de euros».

La noticia del fallo de la sección quinta de la Audiencia representa un motivo de «alegría» para todos los consumidores, al ser «la primera sentencia firme sobre este tipo de hechos». Con ella, el comprador de una vivienda nueva se podrá enfrentar al Ayuntamiento y certificar que «incumple el principio de legalidad». De no ser así, «enfrentarse a una corporación es lo peor que le puede pasar a cualquier ciudadano». «La buena noticia» es que la ordenanza de 2006 ya evita el cobro ilegal del tributo, concluyó Dacio.