COMO se había anunciado, el Gobierno respondió ayer a la opa de E.On con una batería de reales decretos con los que aumenta las competencias de la Comisión Nacional de la Energía -cuando están en juego «intereses públicos»- para asegurarse de que no se producirá una merma en los servicios a los ciudadanos y se reduce el déficit tarifario, disminuyendo así el atractivo de la inversión en este sector.

El ministro de Industria, José Montilla -no se sabe a ciencia cierta si con plena aquiescencia del vicepresidente Solbes- ha desplegado toda una serie de obstáculos para impedir el desembarco alemán en el sector eléctrico español, pese a las lógicas advertencias de Bruselas. Lo más llamativo de este caso es, sin embargo, que el Gobierno no haya ocultado lo mínimo su intención obstruccionista, que justifica además con argumentos tan poco sólidos como que en la mayor parte de los países europeos, los mayores distribuidores de electricidad y de gas tienen mayoría de capital nacional. Y es que aunque ese sea el caso de Alemania, de Francia, de Italia, Grecia Portugal o de Austria, la constatación de una determinada situación no legitima automáticamente la violación de las reglas comunitarias sobre el mercado y la competencia. El Gobierno está en su perfecto derecho de reformar el marco legal de las eléctricas, pero no es de recibo hacerlo precisamente ahora, cuando la opa de E.On pende sobre Endesa y con el objetivo manifiesto de hacerla inviable.

El hecho de que una compañía extranjera pueda tomar el control de la primera eléctrica española, que genera, por ejemplo, el 50% de la energía nuclear, requiere ciertamente resolver ciertos asuntos relacionados con la seguridad nacional y con la prestación del servicio público (en zonas remotas del territorio nacional, pongamos por caso). Pero estos obstáculos, fácilmente salvables, no pueden justificar la violación de los tratados con el recurso al proteccionismo más anacrónico. La energía es un sector tan estratégico como lo son las telecomunicaciones o la banca. Y, como se ha recordado estos días, multinacionales españolas han adquirido recientemente grandes compañías europeas en los dos sectores mencionados sin el menor problema. Así las cosas, si el Gobierno quiere oponerse a la opa de E.On, sólo hay un camino jurídica y políticamente practicable: el de estimular al capital autóctono para que presente a los accionistas una oferta más atractiva.