El Gobierno asturiano mantiene dos recursos judiciales, uno por la vía contencioso-administrativa y otro ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para exigir el pago de los 33,2 millones de euros que, a juicio del Principado, adeuda el extinto Insalud a la comunidad autónoma.

Ambos recursos fueron presentados por el Ejecutivo regional en 2003 ante la falta de respuesta del Consejo de Ministros y la negativa a reconocer esta deuda por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), organismo que sustituyó al Insalud tras el traspaso de las competencias sanitarias a todas las autonomías. Dicha cantidad corresponde al pago de gasto farmacéutico pendiente, a los incentivos al personal por productividad variable del segundo semestre de 2001 y a certificaciones de obras anteriores a 2002.

El consejero de Economía, Jaime Rabanal, facilitó estos datos durante su intervención en el pleno de la Junta General del Principado celebrado ayer para responder a una interpelación del diputado popular Carlos Galcerán.

Según Rabanal, la reclamación de la Administración regional se formuló «en tiempo y forma» al anterior Gobierno central, «que dio la callada por respuesta», y ha mantenido la reclamación «porque es ajustada a la ley y al espíritu de la discusión que se mantuvo cuando se aprobó el traspaso de la competencia sanitaria».