LA opa presentada por el gigante de la energía alemán E.on sobre Endesa, la principal empresa española del sector, ha sacudido todo el mapa energético español y preludia cambios que afectan sensiblemente a Asturias, no en vano aquí radica la cuarta empresa eléctrica española, HC Energía, y por algo Asturias es, tras Tarragona, la provincia que genera más electricidad de España. Las inversiones previstas en nuestra región en plantas de gas pueden quedar afectadas por los cambios que se avecinan en la regulación legal del mercado y en la composición y tamaño de los operadores.
La oferta de Gas Natural por Endesa abre una guerra de movimientos en el sector que propiciará una reordenación de los grupos empresariales. Si con la opa hostil del operador catalán se avanzaba en el diseño de un duopolio energético (Gas Natural e Iberdrola) con la opa de E.on se atisba una profunda internacionalización de los activos energéticos. Hasta la fecha, esa internacionalización se había reducido a los operadores de tamaño mediano o pequeño, como HC Energía o Electra de Viesgo, tras la entrada en su accionariado de EdP y Enel, respectivamente. Ahora se da un salto de escala al tratar de hacerse la mayor empresa de electricidad y gas del mundo con el 42% de la electricidad española. Para los intereses de los 860.000 accionistas de Endesa la cuestión se reduce a jerarquizar las ofertas por su cuantía y forma de pago; hasta el momento, la propuesta de E.on es mucho más favorable que la de Gas Natural, porque ofrece 6,2 euros más por acción y paga en metálico. Asunto distinto consiste en dilucidar qué propuesta es mejor para los consumidores o, en términos aún más amplios, cuál de las dos operaciones responde mejor a los intereses generales. El Gobierno ha mostrado su disgusto ante la posibilidad de que E.on se haga con el control de Endesa.
El examen de la opa recaerá en la Comisión Nacional de la Energía (CNE), que ha visto ampliadas sus competencias a través de un real decreto aprobado en el último Consejo de Ministros, analizará la seguridad del suministro a la población, como contempla la Ley de Hidrocarburos. No parece fácil cuestionar la estabilidad del suministro por la entrada del gran conglomerado de gas y electricidad alemán en España, porque aumentarán los aprovisionamientos energéticos, al reducir la dependencia del gas del Magreb y poder acceder al gas ruso, que recibirá E.On a través del nuevo gasoducto del Báltico.
Más que recurrir a los impedimentos legales, sería interesante que el Gobierno planteara abiertamente el debate sobre los dos diseños energéticos que están en el fondo de la pugna entre opas: la búsqueda del modelo de los 'campeones nacionales' o la opción del revulsivo de la competencia. El Gobierno de Aznar obstaculizó la gran fusión energética española, entre Endesa e Iberdrola, por razones de competencia. También impidió que prosperara la opa de Unión Fenosa sobre Hidrocantábrico para mantener en pie la teoría de las 'cuatro patas' (Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico) necesarias del mapa eléctrico español. El PP fue beligerante con las operaciones privadas de concentración empresarial para introducir una mayor competitividad en el sistema, pero no se logró, porque la política de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) fue mucho más onerosa para los consumidores que los beneficios aportados.
El Gobierno de Zapatero asumió inicialmente las tesis, de la búsqueda de la competencia y promovió la elaboración del 'libro blanco' en el que se examinan estrategias para socavar la posición de dominio en el mercado que tienen los principales operadores, Endesa e Iberdrola. Pero, al mes de presentar el 'libro blanco', el Ejecutivo recibió con visible satisfacción la opa de Gas Natural sobre Endesa, que aumenta la concentración en el gas y la electricidad, e implica inclinarse por la tesis de los 'campeones nacionales', con la formación de un conglomerado energético potente para ganar cuota en los mercados internacionales, fin al que se supedita la obtención de un marco de competencia real en el mercado español. Este debate sobre el modelo energético ha quedado ahogado por la aparición de los intereses políticos, viciadas las opciones energéticas por el pulso entre Gobierno y oposición.
Los intereses asturianos quedan afectados por algunas soluciones que se barajan en la disputa de las opas. Sin que todavía se haya posicionado el Gobierno sobre la desinversión de activos de Gas Natural a Iberdrola, contenida en la opa sobre Endesa, ya surgen otras propuestas empresariales de apoyo a una mejora de la opa de Gas Natural, que pasan por la venta de activos de Endesa a los hipotéticos socios de Gas Natural. Enel, propietaria de Electra de Viesgo, ya se ha ofrecido para esa operación, y Unión Fenosa podría sumarse a esta dinámica.
El método más transparente y abierto consistiría en promover una subasta de activos a la que podría concurrir HC Energía. Ni los intereses energéticos asturianos ni los de los consumidores españoles quedarían defendidos por la vía de ahormar un extraño y apresurado consorcio de empresas heterogéneas que se suman a la batalla del kilovatio y estrechan los márgenes de competencia del mercado español. Otro tanto cabe decir de los cambios en la regulación legal para acabar con el llamado déficit de tarifa, por el que las empresas ingresaron 3.581 millones de euros el año pasado, y de las alteraciones en la contabilización de costes por derechos de emisión de CO2 que penalizan a las empresas eléctricas con más dependencia del carbón. Ningún sofisticado instrumento de intervención sería tan eficaz como avanzar en la liberalización del precio de la electricidad tras la oportuna separación de la propiedad de los activos de generación de las redes de transporte y distribución.