El Ministerio de Justicia negó ayer que se haya «producido ningún compromiso ni acuerdo formal» con el Principado acerca del coste de la transferencia de las competencias en la materia, por lo que no puede decirse ahora «que se haya hecho una marcha atrás» por el hecho de que ofrezca a los negociadores del Gobierno asturiano, como adelantó ayer EL COMERCIO, una cantidad inferior a los 40 millones de euros en que éste estima el coste efectivo del traspaso.