El secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, asegura que no llegó nunca a un principio de acuerdo con el Principado sobre la transferencia de competencias de Justicia y que la negociación continúa entre ambas administraciones, con ofertas y contraofertas. Esta afirmación la hace todo un viceministro (ese es el equivalente que tiene en otros países la figura del secretario de Estado) y pretende que nos quedemos tan tranquilos, como si entre sus consideraciones y las del Gobierno regional hubiera tan sólo una ligera diferencia de matiz. Como si el presidente del Principado no hubiera declarado a primeros del pasado mes de diciembre que el traspaso de las competencias era inminente, porque ya había acuerdo. Como si en la reunión de finales de noviembre pasado, entre el Ministerio de Justicia y el consejero Valledor, no se hubiera aceptado por todos que el coste de la transferencia se cuantificaba en 40 millones de euros.

Luis López Guerra estaba al tanto de todo lo publicado en Asturias con respecto a la negociación y si no quiso desmentir la noticia del acuerdo hasta ahora era porque sólo quedaba pendiente el visto bueno del Ministerio de Economía. Pero ocurrió lo imprevisto: Pedro Solbes no aceptó la cuantía del traspaso, y el Ministerio de Justicia trata ahora de decir que nunca hubo acuerdo para renegociar la cuantía del dinero a la baja. La hipótesis del falso acuerdo resulta absurda, porque de ser cierta, el Ministerio de Justicia hubiera salido hace meses al paso para que no se crearan en Asturias falsas expectativas.

Ante un embrollo semejante urge clarificar posturas. El primero que debe alzar la voz es el Principado, para decir exactamente lo que ha pasado. Las nuevas propuestas del Ministerio de Justicia pueden ser estimadas o desestimadas, pero mucho más importante es ser coherente. No pueden quedar los responsables del Gobierno regional calificados de insensatos optimistas, al decir que ya había acuerdo, cuando el Ministerio de Justicia nunca aceptó la cifra propuesta por el Principado para financiar la transferencia de las competencias. Este supuesto malentendido no lo tolerarían nunca los catalanes o los vascos, así que Areces y Valledor tienen la palabra.