La Junta General del Principado reprendió ayer a la Sindicatura de Cuentas después de que el órgano fiscalizador la acusara de injerirse en su funcionamiento interno a través de las modificaciones legales planteadas en la Cámara regional. La comparecencia de los miembros de la Sindicatura fue solicitada por el Partido Popular, que impidió el jueves con su voto la tramitación abreviada de los cambios en la norma que regula al órgano. Esta modificación, acordada por unanimidad de los grupos parlamentarios, supone limitar los sueldos de los síndicos, regular el régimen de publicación de sus informes a través de la Mesa de la Junta y recordar que el personal del órgano debe estar regido por la Ley de la Función Pública del Principado.