Montilla hizo estas declaraciones tras presentar en una conferencia de prensa en Zaragoza el balance de la campaña nacional "Todos en Internet", para comunicar los beneficios de la sociedad de la información a la población y, en particular, a los colectivos que menos contacto han tenido con las nuevas tecnologías.

El Gobierno, según el titular de Industria, tiene una actitud "abierta y flexible" en la negociación del nuevo Plan de la Minería del Carbón, como lo ha demostrado en los últimos trece meses, y está dispuesto a introducir factores de corrección en los acuerdos finales, pero siempre en el marco de los acuerdos negociados y firmados en noviembre pasado.

Montilla expresó su deseo de que todas las partes representadas en la mesa de negociación afronten la recta final con un espíritu similar y que no se utilicen argumentaciones arbitrarias y obstruccionistas, sino más bien criterios transparentes y razonables que faciliten la aprobación definitiva del Plan de la Minería del Carbón por parte del Consejo de Ministros.

Apostó por la adopción de "criterios objetivos" para repartir un conjunto de recursos que son más importantes de los que preveía el anterior Plan de la Minería y que "no serán más que los que ya hay acordados con los sindicatos en el mes de noviembre".

No obstante, reconoció que, si es necesario, el Gobierno introducirá los factores de corrección que hagan que no haya comunidades que salgan perjudicadas.

El preacuerdo, firmado ya con los sindicatos, hace referencia a los factores esenciales del plan como el importe de las ayudas para la reactivación económica de las comarcas mineras, las toneladas previstas en el horizonte 2012 y el empleo, recordó el ministro.

Montilla apuntó que el preacuerdo debe conducir a cerrar el acuerdo y expresó su deseo de que se produzca lo antes posible y que se traduzca en un Real Decreto, ya que, de lo contrario, no tendría rango legal.

Según el ministro, la discusión está en tratar de encontrar unos criterios que puedan ser aceptables para los sindicatos, el Gobierno de España y las comunidades autónomas, que liguen la reactivación económica de las comarcas a criterios objetivos como pueden ser el empleo perdido en el anterior plan o el que se perderá con el nuevo plan y el paro que haya en el territorio afectado.